Presentación del Sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Sesión del Consejo de Seguridad, 14 de octubre de 2021

hechos ocurridos desde la publicación del informe.

Es un placer, Señor Presidente, estar aquí hoy en compañía de la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez. También me es muy grato también estar acompañado de la lideresa indígena Daniela Soto y de la lideresa afrocolombiana Bibiana Peñaranda. mujeres cuyas voces relatan los desafíos que enfrentan los grupos étnicos en regiones afectadas por el conflicto y de su lucha diaria en favor de la construcción de la paz.

Señor Presidente, distinguidos Miembros del Consejo,

Estamos cerca del quinto aniversario del histórico Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP. Y como ha dicho el Secretario General, esta es una oportunidad para reflexionar sobre lo mucho que hemos avanzado en este primer tercio del periodo previsto para su implementación así como de lo mucho que nos falta por lograr. Es también, ciertamente, una oportunidad para renovar los compromisos de perseverar, día a día, hacia la consolidación de la paz.

Hechos recientes nos muestran el potencial que tiene la implementación de un Acuerdo que coloca a las víctimas en el centro.

Hablo, por ejemplo, de la creación de curules en el Congreso que permitirán que colombianas y colombianos de las regiones más golpeadas por el conflicto participen activamente en el debate democrático, así como de los incuestionables avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición Avances que hacen que este Sistema siga trabajando para honrar los derechos de millones de víctimas y promover la reconciliación nacional.

Lo que hoy vemos es el resultado del compromiso y los esfuerzos acumulados de las partes, de la sociedad civil, de la comunidad internacional de diversas entidades del Estado, y por supuesto de este Consejo de Seguridad que han insistido para que el cumplimiento de lo pactado sea realidad. Hago énfasis en la palabra acumulados porque son precisamente los pasos dados durante estos cinco años los que nos permiten, aún en medio de enormes desafíos, seguir en la senda de la construcción de la paz.

Señor Presidente,

Preservar lo alcanzado, avanzar en las tareas pendientes y superar los retos de la implementación dependerá en buena medida, de la capacidad de las partes de poner en marcha todos los elementos del Acuerdo de paz; su implementación aislada sería insuficiente para desactivar los factores que sustentaron décadas de conflicto armado y para lograr el potencial transformador del Acuerdo.

Señor Presidente, Miembros del Consejo,

Hace unas semanas viajé al Meta, un departamento que el Consejo visitó en 2017. Meta fue un importante bastión de las FARC-EP y hoy acoge a más de uno de cada diez de sus antiguos miembros. Sus experiencias ilustran lo que ha salido bien, lo que hay que mejorar, y los retos que enfrenta el proceso de reincorporación y la implementación del Acuerdo en sentido amplio.

Hablé allá con excombatientes que cultivan café y que han montado una panadería en un espacio de reincorporación. En otra zona, han plantado aguacates. Me quedó claro que los esfuerzos colectivos para impulsar la reincorporación en los primeros años del proceso han sido cruciales para sembrar esperanza en miles de hombres y mujeres que, hasta el día hoy, siguen apostando por la paz. Su determinación por impulsar sus iniciativas productivas sigue siendo palpable, al igual que su deseo de ser miembros activos de sus comunidades para participar en política y en la toma de decisiones a nivel local, tal y como contempla el Acuerdo de Paz.

Sin embargo, como dijo una dirigente de los excombatientes en el Meta: “tantos esfuerzos y tantas inversiones pueden estar ahora en riesgo”. Para proteger logros alcanzados con tanto empeño, añadió, se necesitan acciones decididas en temas como tierra, vivienda, generación de ingresos sostenibles y seguridad. De lo contrario, teme que los excombatientes sigan viéndose obligados a desplazarse en busca de mejores oportunidades y/o para preservar sus vidas. Las cualidades de liderazgo de las excombatientes, así como de lideresas sociales como Bibiana y Daniela, nos recuerdan que su plena participación y la implementación del enfoque de género del Acuerdo son una condición necesaria para la consolidación de la paz.

Señor Presidente,

Tras cinco años de implementación, hay amplio consenso sobre el papel esencial de la tierra para anclar el proceso de reincorporación, especialmente con respecto a vivienda y a iniciativas productivas. Durante mi visita fui testigo de los retos a los que se enfrentan proyectos que dependen en gran medida de la tierra, de la ansiedad de los excombatientes debido a la incertidumbre para invertir recursos adicionales, y de su frustración debido a los sobrecostos derivados de operar en terrenos alquilados. Los importantes esfuerzos hechos por el Gobierno para adquirir tierras para los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación deben ser en este caso redoblados para que las iniciativas de más excombatientes en todo el país puedan, literalmente, echar raíces.

Conforme pasa el tiempo, es cada vez más evidente que se requieren cambios más profundos para consolidar el proceso de reincorporación y otros elementos puestos en marcha en estos cinco años, incluyendo en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial y el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Por muy fructíferas que hayan sido las primeras etapas, el éxito a largo plazo de las inversiones iniciales depende de la promesa del Acuerdo de transformar la Colombia rural mediante la creación de oportunidades de desarrollo sostenible y de servicios e instituciones del Estado para comunidades cuyas expectativas siguen sin cumplirse. Para tal fin, será fundamental seguir avanzando en la implementación de la reforma rural integral y en la solución al problema de las drogas ilícitas.

Señor Presidente, Miembros del Consejo,

Seguimos con la máxima preocupación los problemas de seguridad en varias regiones del país. Es particularmente grave que sean precisamente las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo –desde el Meta hasta Antioquia, desde la Costa Pacífica hasta el Catatumbo– las que enfrentan las situaciones más graves.

A día de hoy, 296 hombres y mujeres que dejaron las armas de buena fe han perdido la vida, en su mayoría por acciones de actores armados ilegales y organizaciones criminales. Las comunidades afectadas por el conflicto, los excombatientes y los líderes sociales siguen soportando el peso de las acciones de los actores armados ilegales que se aprovechan de la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías ilícitas. Las comunidades afrocolombianas e indígenas están siendo afectadas de manera desproporcionada por todo tipo de violencia, desde asesinatos de sus líderes hasta desplazamientos y confinamientos. Esta situación exige la implementación urgente y simultánea de todas las disposiciones sobre garantías de seguridad previstas en el Acuerdo.

A la luz de las enormes amenazas que enfrentan estas regiones, el Gobierno y las entidades del Estado deben hacer un mejor uso de los mecanismos creados por el Acuerdo –incluyendo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad– para diseñar medidas efectivas para frenar la violencia. El avance de la Unidad Nacional de Protección en la aprobación de cientos de solicitudes de protección pendientes de los excombatientes es claramente un hecho positivo. Ahora es crucial la rápida provisión de las medidas de seguridad aprobadas.

Señor Presidente,

El fin del conflicto con las FARC-EP condujo en 2018 a las elecciones menos violentas y más participativas de Colombia en décadas. Este hito es testimonio de la innegable relación entre una democracia fortalecida y una paz duradera, y los colombianos y colombianas merecen poder volver a participar de forma masiva y segura en las próximas elecciones.

Esta vez, gracias al Acuerdo de Paz, se presenta una nueva e importante oportunidad en 16 regiones afectadas por el conflicto, donde la población local tendrá la oportunidad de elegir a sus candidatos para las circunscripciones transitorias especiales de paz. Esto requerirá no sólo garantías de participación política en igualdad de condiciones por parte del Estado, sino un verdadero compromiso por parte de todos los actores para fomentar una campaña electoral responsable y respetuosa, libre de estigmatización.

Más allá de las elecciones que se avecinan, debemos recordar que aún quedan muchas formas en las que el proceso de paz puede seguir fortaleciendo y profundizando la democracia colombiana, especialmente a través de la implementación de disposiciones clave del punto sobre participación política del Acuerdo que están pendientes.

Señor Presidente,

Aún en medio de grandes desafíos, el proceso de paz colombiano sigue demostrando, con elocuentes ejemplos, los beneficios de poner el fin al conflicto a través de un acuerdo negociado, y de mantener los derechos de las víctimas en el centro.

La semana pasada, las partes establecieron una mesa étnica en el Consejo Nacional de Reincorporación, que estoy seguro será clave para avanzar en la reincorporación de excombatientes indígenas y afrocolombianos en línea con sus necesidades específicas.

Asimismo, gracias al Acuerdo Final, continuamos siendo testigos de gestos de profundo significado práctico y simbólico que reflejan el compromiso de quienes en el pasado empuñaron las armas. Hace unos días, como resultado del esfuerzo colectivo del Gobierno y excombatientes y el apoyo de la comunidad internacional, Humanicemos DH –la organización de desminado humanitario de exintegrantes de las FARC-EP– entregó su primera área libre de minas en Caquetá, que ahora será restituida a una comunidad indígena.

Me complace también informar que la Corte Constitucional extendió el mandato de la Comisión de la Verdad. Esta decisión reconoce el impacto de la pandemia en el trabajo de la Comisión y la importancia de que tenga el tiempo y los recursos necesarios para continuar escuchando las voces de quienes vivieron la guerra de manera más directa. Confío en que el amplio respaldo a esta decisión contribuirá a construir consensos sobre la importancia de las recomendaciones que dará la Comisión en su informe para no repetir nunca más los horrores del pasado.

Ahora que se discute el presupuesto para 2022, el Gobierno y el Congreso tienen en sus manos la posibilidad de reafirmar su compromiso con la paz, al garantizar los recursos para que la Comisión y los demás componentes del Acuerdo puedan continuar y fortalecerse.

Para concluir, Señor Presidente, distinguidos Miembros del Consejo,

Desde el cese al fuego y la dejación de armas hasta el trabajo actual en el diseño del mecanismo para verificar las sanciones propias de la JEP, me enorgullece la labor de cada integrante de la Misión para apoyar a las partes en el cumplimiento de sus compromisos. Durante estos cinco años, hemos sido inspirados constantemente por la tenacidad de la sociedad colombiana en su transición hacia la paz. Ahora que nos embarcamos hacia una etapa clave en el afianzamiento del proceso, agradezco por ello al Consejo su incesante confianza, que sin duda seguirá siendo una fuente de apoyo esencial para Colombia.

Gracias, Señor Presidente.