“En la Casa de los Derechos encontré una familia”

el segundo asentamiento de población desplazada interna más grande de Colombia.

Su historia fue marcada por el desplazamiento interno. Primero tuvo que huir de su finca, en un pueblo al interior de Colombia. Llegó a Medellín con sus tres hijos y su esposo, pero ese mismo año, por el conflicto intraurbano, perdió a su esposo y de nuevo tuvo que huir de su casa, junto a sus tres niños, en una ciudad que no conocía.

En el 2001 buscó refugio en un asentamiento a las afueras de Bello, un municipio aledaño a Medellín. Durante ese año, miles de personas como ella llegaban huyendo de la violencia. Construyeron sus casas con sus propias manos, en medio de la montaña, con pedazos de madera y plásticos. “No nos podíamos mover de aquí, porque en cualquier momento nos desalojaban”, cuenta. Su historia es la de unos 28 mil habitantes que hoy viven en lo que se conoce como la vereda Granizal.

“Me convertí en parte de la Casa y lideresa de mi comunidad”.

Allí, en donde aún no hay servicio de acueducto y las vías aún están por pavimentar, se construyó en el 2008 la Casa de los Derechos, una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Colombia que contó desde el principio con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, aliados y el cofinanciamiento de donantes como la Unión Europea, que continuamente apoya iniciativas que protegen y ayudan a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Un espacio de encuentro, formación, protección y acceso a derechos para una población vulnerable. “Es un espacio que trasciende lo físico, como equipo buscamos brindar una respuesta según las necesidades y exigencias del contexto y de la dignidad de las comunidades. Pero solo se construye de la mano de la gente que la rodea”, explica Vanessa Torres, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y coordinadora de la Casa de los Derechos.

“Cuando los funcionaros de la Defensoría comenzaron a trabajar con nosotros éramos personadas aisladas, desconfiadas y temerosas unas de otras. Golpeadas por la violencia”, añade María Victoria. “Hoy puedo decir con seguridad que gracias a ellos construimos lo que es ahora una comunidad unida de líderes y lideresas fuertes”, anota.

María Victoria fue una de las primeras mujeres en unirse a los espacios de protección que comenzaron a organizarse en la Casa de los Derechos, que incluyeron talleres de integración comunitaria, uso del tiempo libre, apoyo psicosocial y jurídico y escuelas de formación en liderazgo y derechos humanos. “Primero empecé con manualidades, luego conocí rutas de acceso a derechos y cuando menos me lo imaginé estudié durante dos años liderazgo. Me convertí en parte de la Casa y lideresa de mi comunidad”, dice María Victoria entre risas.

“He aprendido a ver como iguales a todos mis vecinos”.

Ahora ella pertenece al grupo de Mujeres Unidas de Granizal, reconocido en la comunidad por brindar apoyo, informar sobre las rutas de atención y explicar todos los derechos y servicios que se les debe garantizar. Entre ellos, el derecho al agua, una de las luchas más fuertes que ha dado la comunidad con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia, un aliado de la Defensoría del Pueblo y ACNUR. En el año 2020 lograron un fallo a su favor y por primera vez vieron llegar a la vereda carrotanques con agua potable y esperan la construcción de las redes de acueducto.

La Casa les abre las puertas a otras organizaciones para brindar atención a la comunidad. Permitiendo realizar jornadas de vacunación infantil, capacitaciones técnicas, cultivar una huerta comunitaria y sus paredes están disponibles para expresiones artísticas. “Con el tiempo se volvió ese lugar de acogida, de reflexión y de aprendizaje para todos y todas”, agrega la coordinadora de la Casa.

Aproximadamente 1.600 personas provenientes de Venezuela que han llegado a Granizal también reciben apoyo en la Casa, creando un espacio intercultural. “He aprendido a ver como iguales a todos mis vecinos y más que eso, aprendo de sus saberes, porque aquí vivimos indígenas, afrocolombianos y recientemente estamos acogiendo a la población venezolana”, narra.

Los hijos de María Victoria ya crecieron y se fueron de la vereda, pero ella no se siente sola. “Siempre me siento acompañada. Durante el confinamiento de la pandemia recibí llamadas de los muchachos de la Defensoría, estaban pendientes de cómo estábamos. Saben que la Casa de los Derechos es mi segundo hogar, el segundo hogar de toda la gente de Granizal”, concluye. 

* Nombre cambiado por motivos de protección.