Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Bogotá, 8 de enero de 2024. – En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, resalta “los avances logrados en los esfuerzos de construcción de la paz en Colombia a medida que la política de paz total del Gobierno se va afianzando gradualmente, aunque no sin desafíos”. En ese marco destaca los vínculos entre la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y las iniciativas de diálogo en curso, como procesos que se refuerzan mutuamente para consolidar la paz. El Secretario General toma nota del nombramiento de Otty Patiño como nuevo Alto Comisionado para la Paz y confía en que su Oficina “aprovechará la oportunidad para seguir reforzando la implementación del Acuerdo Final y las bases para el éxito de los diálogos”.

Con respecto al Acuerdo, el Secretario General celebra que se hayan completado procesos clave de planificación y diseño, por ejemplo, en el marco de la Reforma Rural Integral y el proceso de reincorporación, y confía en que las entidades con responsabilidades de implementación los traduzcan en resultados concretos. El Secretario General destaca particularmente el pacto recientemente firmado para la implementación del capítulo étnico y afirma que cumplirlo “es fundamental para satisfacer las expectativas de las comunidades indígenas y afrocolombianas”. El informe también reitera la importancia de profundizar la implementación de las disposiciones de género del Acuerdo Final y seguir promoviendo la participación de las mujeres en los diálogos de paz en curso.

El informe reconoce que la Reforma Rural sigue siendo una de las principales prioridades del Gobierno y destaca la nueva normativa para acelerar el acceso a la tierra y el considerable aumento del presupuesto. Además, el informe nota avances en la compra, formalización y entrega de tierras, y resalta la necesidad de esfuerzos adicionales para llevar a los beneficiarios el apoyo necesario para hacerlas productivas.

La reincorporación, de acuerdo al informe, es otro ámbito en el que se han realizado esfuerzos concretos para aproximarse a la implementación de una manera más integral. Se destaca la aprobación del Programa de Reincorporación Integral como un paso significativo para dar una perspectiva a largo plazo al proceso. El informe menciona que casi el 80% de los excombatientes (2.763 mujeres) participan en 5.691 proyectos productivos (68% de los cuales son individuales); así como la compra, por parte del

Gobierno, de 4.725 hectáreas de tierra para excombatientes. También saluda que los excombatientes votaron en su mayoría sin obstáculos. De las 299 candidaturas de Comunes (69 excombatientes), y de otros 76 excombatientes avalados por otros partidos, 18 fueron elegidas (10 mujeres). Un excombatiente afrocolombiano fue elegido alcalde de Cumaribo (Vichada). No obstante, también se menciona que el asesinato de un excombatiente candidato en Sucre antes de las elecciones ilustra la persistencia del estigma y la violencia.

El Secretario General señala que la seguridad es esencial para que el enfoque integral promovido por el Gobierno en la reforma rural y la reincorporación produzca resultados sostenibles. Señala que esto depende, a su vez, “de los avances en el despliegue de una presencia integrada de instituciones y los servicios del Estado, objetivo central del Acuerdo Final y condición necesaria para erradicar los factores que impulsan el conflicto”.



En ese contexto, el informe describe un panorama variado de la situación de seguridad en regiones históricamente afectadas por el conflicto: los diálogos del Gobierno con grupos armados ilegales han contribuido a la mejora de algunos indicadores en lugares específicos. Por ejemplo, según un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante los diez primeros meses de 2023 se produjo un desescalamiento del conflicto armado que se tradujo en una disminución de los ataques contra la Fuerza Pública, los enfrentamientos armados y los civiles muertos y heridos.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reportó el desplazamiento forzado de 62.300 personas y el confinamiento de 81.100 personas de enero a noviembre de 2023; una reducción del 20% respecto del mismo período del año pasado. No obstante, el informe señala también que la violencia de los grupos armados y criminales sigue teniendo un grave impacto en las comunidades y socavando los esfuerzos de implementación, y que persisten o han aumentado los delitos vinculados a dinámicas económicas y al control social y territorial.

En cuanto a la violencia contra excombatientes, la Misión registró el asesinato de 11 exmiembros de las FARC-EP (todos hombres), lo que supone una disminución del 26,7 % con respecto al período anterior. El número total de homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo Final es de 406 (incluidas 11 mujeres, 57 afrocolombianos y 49 indígenas). Con respecto a líderes sociales, en el período sobre el que se informa, el ACNUDH registró 46 denuncias de homicidios de líderes sociales, de las cuales 13 han sido

verificados (11 hombres y 2 mujeres), 20 están en proceso de verificación y 13 fueron consideradas no concluyentes; una disminución del 28,8% respecto del trimestre anterior.

El Secretario General hace un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, poniendo en marcha de forma inmediata los principales mecanismos de garantías de seguridad y las políticas recientemente adoptadas. “Comprometerse con el éxito del Acuerdo Final no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en una amenaza existencial”, afirma el Secretario General.

El informe destaca nuevamente los avances significativos en el trabajo de la JEP, resaltando la apertura del Caso 011 sobre violencia sexual, reproductiva y de género en el marco del conflicto. También menciona los esfuerzos de entidades del Gobierno y de la JEP en preparación para emisión de las primeras sanciones propias, y señala que sigue habiendo retrasos en la creación de las condiciones propicias para su implementación.

El informe aborda los avances recientes en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluyendo los acuerdos alcanzados en el quinto ciclo de negociación celebrado en México, el desarrollo del cese al fuego bilateral y el trabajo del Comité Nacional de Participación. El Secretario General saluda el nombramiento de Vera Grabe como jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz, la primera vez que una mujer ocupa este cargo.

En relación con el mandato de verificación del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN y en particular sobre el rol de la Misión como componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego entre el Gobierno y el ELN, el informe señala que, además de la prevención y resolución de problemas cotidianos sobre el terreno, el Mecanismo ha permitido a las partes evitar enfrentamientos armados en varias ocasiones. El Mecanismo ha trabajado en la clasificación de 170 casos hasta el 30 de

noviembre. Varios fueron desestimados como “no aplicables”, por no corresponder a los protocolos, otros se encuentran en la fase previa a la verificación, y otros se sometieron al pleno. Hasta el momento, las partes no han confirmado ningún caso oficialmente como una violación del cese.

Por otro lado, el Secretario General celebra los acuerdos alcanzados y los protocolos definidos hasta el momento en las  negociaciones entre el Gobierno y el grupo autodenominado EMC FARC-EP, y exhorta a las partes a que perseveren en el cumplimiento del cese al fuego, incluidas sus disposiciones sobre protección a la población civil, y en la definición de la agenda de negociaciones.

Adicionalmente, el Secretario General reitera su llamado a todos los actores armados “para que contribuyan a seguir desescalando la violencia en todo el país, entre otras cosas reduciendo los enfrentamientos entre ellos, de manera que reafirmen ante la sociedad colombiana y ante el mundo su compromiso de alcanzar la paz a través del diálogo”.

El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, el señor Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 11 de enero de 2024.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2023/1033

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