Nuevo gobierno, misión reestructurada y violencia: Colombia ante un momento decisivo para la paz

El Consejo de Seguridad analizó el estado del proceso de paz a diez años del Acuerdo de 2016, con las elecciones presidenciales del 31 de mayo como telón de fondo.

Colombia atraviesa un momento de transición. En menos de dos meses elegirá un nuevo presidente, la Misión de Verificación de la ONU ha sido reestructurada y varias regiones del país siguen golpeadas por la violencia de grupos armados. 

En ese contexto, el Consejo de Seguridad se reunió hoy para analizar el estado del proceso de paz. Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General para Colombia, abrió la sesión con un doble mensaje: elogió la fortaleza de las instituciones colombianas tras unas elecciones legislativas de marzo que transcurrieron "sin incidentes de seguridad adversos", pero advirtió con preocupación sobre las amenazas que han recibido candidatos presidenciales. "Reitero mi condena de las amenazas reportadas contra candidatos presidenciales, y hago un llamado a las autoridades estatales para que garanticen la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral", afirmó Jenča ante el Consejo.

Con las elecciones presidenciales a poco más de un mes, Jenča recordó al Consejo que cuando vuelva a reunirse sobre Colombia en julio, ya habrá un nuevo gobierno preparándose para asumir el poder en agosto. "Quien asuma la presidencia enfrentará un formidable desafío para consolidar la paz y la seguridad en las regiones aún afectadas por el conflicto", señaló.

El enviado de la ONU reconoció los avances políticos del partido Comunes, surgido de las antiguas FARC-EP,  cuyos representantes completaron su período con escaños garantizados en el Congreso y reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Paz. "Acojo con satisfacción los compromisos expresados por sus líderes de continuar cumpliendo con el Acuerdo de Paz", dijo Jenča.

El diplomático también describió de primera mano la devastación que vive la región del Catatumbo. Tras una visita en enero, relató que encontró viviendas gravemente dañadas por ataques con drones entre grupos armados rivales, explosivos hallados cerca de escuelas y comunidades aterrorizadas por las minas antipersonas. "Mientras persistan la violencia, las disputas territoriales o los vacíos de gobernanza en cualquier parte del país, existe el riesgo de socavar la estabilidad nacional", advirtió.

Una lideresa campesina en el Consejo

El Consejo de Seguridad retomó la práctica de incluir voces de la sociedad civil en sus deliberaciones sobre Colombia. Olga Lucía Quintero Sierra, cofundadora de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue la encargada de dar ese testimonio.

Quintero Sierra habló de la violencia que vive su región, pero también de esperanza. Reveló que 54 mujeres campesinas del Catatumbo han recibido 724 hectáreas de tierra como parte del programa de adjudicación para mujeres rurales del Acuerdo de Paz. "Este logro no solo representa acceso a la tierra, sino la posibilidad de reconstruir nuestros proyectos de vida", afirmó.

Sin embargo, su mensaje fue también una advertencia: la implementación parcial del Acuerdo de 2016 no basta. “Cada incumplimiento, cada retraso, cada intento de desconocer lo pactado, representa un golpe a la esperanza de millones de colombianos y colombianas y del mundo que observa este Acuerdo como un referente para la superación de la violencia que hoy proliferan en el planeta. Sin embargo, desde los territorios seguimos resistiendo y persistiendo, porque nos negamos a renunciar a la Paz”, señaló.

La paz territorial, explicó, no es un concepto abstracto: “es la presencia real del Estado en los territorios, es el acceso a derechos, es la posibilidad de vivir sin miedo. Es la construcción de confianza entre comunidades e instituciones”. 

Quintero aprovechó el foro para hacer tres llamados concretos: que la Misión de Verificación continúe su trabajo de manera integral, que el nuevo Congreso reglamente la Jurisdicción Agraria y Rural, y que el próximo gobierno asuma la paz como prioridad de Estado.

Bogotá pide no recortar la Misión

La canciller Rosa Villavicencio, quien representó al gobierno colombiano, dedicó parte importante de su intervención a defender los recursos de la Misión de Verificación de la ONU frente a los recortes presupuestarios que atraviesa el sistema de Naciones Unidas. "Instamos a la Secretaría General a que no se contemplen más recortes en la presente vigencia para la Misión de Verificación", dijo la funcionaria.

Jenča explicó que la Misión ha sido completamente reestructurada para reflejar el mandato reformulado y racionalizada en el marco del proceso UN80, lo que ha resultado en una configuración "sustancialmente más austera". Aun así, aseguró que la Misión mantiene presencia regional sobre el terreno, que calificó como "esencial para una verificación efectiva". En ese contexto, señaló que recibir los recursos ya aprobados en el presupuesto es "esencial para cumplir el mandato en toda Colombia".

El gobierno, la lideresa campesina y el responsable de la ONU estuvieron de acuerdo en que la paz en Colombia no es un hecho consumado, sino un proceso que exige voluntad política sostenida, recursos internacionales y, sobre todo, presencia del Estado en los territorios donde la violencia aún dicta las reglas.

Tomada de Noticias ONU.