Oficina de la ONU para los Derechos Humanos urge articulación entre autoridades y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, para atender imperiosa situación de violencia en Buenaventura

La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, tras su visita de esta semana a la región, “insta a una acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”.



En 2021, hemos conocido, a través de diversas fuentes y de testimonios de víctimas, sobre el homicidio de 41 personas; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento forzado de más de 8000; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos.



En Buenaventura están siendo profundamente afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias. Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población. De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados.



La situación en Buenaventura afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, en particular a las jefas de hogar, que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en Buenaventura impacta también la vida de las niñas y los niños, y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente.



La violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de pueblos indígenas que viven en el territorio, y que representan más del 90% de la población.



Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos observamos que hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura.



La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y del Acuerdo de Paz, incluido el PDET y el enfoque sobre los derechos de las víctimas.



El 12 de febrero de 2021 se adelantó una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, en la cual se expusieron por parte del Estado apoyos en personal y capacidades para la región. La Oficina reconoce un impacto positivo de los esfuerzos impulsados por el Estado, en particular de la Fuerza Pública y de la Fiscalía. Sin embargo, en Buenaventura se hace necesario desmantelar las estructuras de una red profunda de corrupción y reforzar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos es fundamental que se adopten medidas inmediatas orientadas a cesar y prevenir las desapariciones forzadas de personas, y que se adelanten todas las acciones necesarias, incluida la agilidad y oportunidad de los mecanismos de búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos.



“El camino que recorren las familias, y en particular las madres, de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en mi vida”, dice la Representante Juliette de Rivero.



Solicitamos además que la Unidad Nacional de Protección (UNP) refuerce los mecanismos de protección –individuales y colectivos- y los adapte a las necesidades y particularidades del contexto regional. Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofrecemos nuestra asesoría para lograr este objetivo.



La Oficina urge también a que se generen y fortalezcan espacios de diálogo y atención que permitan atender las demandas legítimas de la población, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos de Buenaventura, de manera que su valentía, experiencia y conocimientos sean considerados como parte de la solución.



“La fuerza de Buenaventura es la capacidad de su gente y en mi visita pude observar que estos cambios que proponemos no solo son posibles sino también realizables”, concluye la Representante De Rivero.





Fin.

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Comunicado