Encuentro por la Verdad Reconocimiento de las víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia

Buenos días, como Representante Adjunto de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les transmito un saludo fraternal en nombre de la señora Juliette de Rivero Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

Mi profundo reconocimiento y saludo solidario a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de todo el país, tanto para quienes están presentes, como a quienes nos ven desde los territorios, y a las organizaciones de familiares de víctimas y de derechos humanos acompañantes. La Oficina, ratifica su agradecimiento especial por la invitación a estar con ustedes en este momento tan importante, así como mi admiración por su lucha inquebrantable en la búsqueda de verdad y justicia, por sus hijos, sus hermanos, sus padres y por todos sus familiares. 

 

Saludamos también de manera muy especial al presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco de Roux y a las y los comisionados que hoy nos acompañan, así como a la Directora de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Luz Marina Monzón; al Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes y a todas las autoridades estatales y personas asistentes en este encuentro.

 

Negar lo que ocurrió o minimizar sus impactos afecta la rendición de cuentas y la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad. Por ello, el proceso de confrontación del pasado que está ocurriendo en Colombia, requiere como condición esencial, el reconocimiento extrajudicial y judicial de las víctimas y sus familiares. Así como el cumplimiento de normas y estándares internacionales sobre la satisfacción integral de los derechos de las víctimas.

 

En este sentido, la Oficina valora este espacio nacional promovido por la Comisión de la Verdad con la participación de los familiares de las víctimas, sus organizaciones y sus representantes y acompañantes, cuya realización contribuye al esclarecimiento completo de los hechos; al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos; y a visibilizar los riesgos individuales y colectivos sobre los familiares, organizaciones y comunidades a los que están expuestos quienes luchan contra la impunidad.

 

Estos espacios de escucha y reconocimiento constituyen una oportunidad única para restaurar la voz de las víctimas y poner en el centro de la esfera pública sus relatos y sus historias. De la misma manera, para visibilizar los impactos individuales, familiares, colectivos y sobre la sociedad en general, causados por las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado.

 

La participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos es fundamental para afianzar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la No Repetición. Por esta razón, quiero comenzar reconociendo la lucha de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos acompañantes por la búsqueda de la verdad en casos de ejecuciones extrajudiciales.  Su labor ha cumplido desde el inicio un rol central para promover una rendición de cuentas acorde con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Sin su perseverancia, las atrocidades sufridas no se habrían develado.

 

Víctimas, familiares y organizaciones han tenido que transitar este camino en un ambiente hostil y adverso. Muchas de sus denuncias fueron negadas, archivadas o mal tramitadas. Debido a su lucha contra la impunidad, los familiares también han sido víctimas de agresiones, persecución y de estigmatización. Al respecto, la Oficina reitera la necesidad de garantizar la participación de las víctimas en condiciones de dignidad y seguridad. Por esta razón, pone de relieve la importancia de que las autoridades estatales refuercen las medidas de atención, prevención y protección frente a las amenazas y agresiones frente a familiares de las víctimas, sus representantes y testigos.

 

A pesar de esto, la defensa de los derechos de las víctimas de las ejecuciones y las denuncias ejercidas por familiares y organizaciones han tenido un carácter fundamental para promover la investigación integral de los hechos y la adopción de medidas institucionales de diverso contenido. Su firme compromiso con la memoria y la verdad fue el que permitió que la sociedad haya conocido la complejidad de las ejecuciones extrajudiciales. Su búsqueda incasable de verdad y de justicia ha permitido avanzar el esclarecimiento completo de los hechos y la determinación de los responsables.

 

La Oficina reconoce sus experiencias de lucha contra la impunidad, que constituyen un ejemplo y un gran aporte para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables. Estas, impulsan y promueven la rendición de cuentas y la adopción de medidas contundentes de reforma institucional y política para prevenir la negación y garantizar la no repetición.

 

Hechos atroces como las ejecuciones extrajudiciales marcan de manera indeleble a las personas victimizadas, a sus seres queridos, manchan la vida institucional de la nación y dejan una huella de dolor en toda la sociedad.  Al no ser confrontadas, estas violaciones también constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, que demandan la lucha contra la impunidad y la adecuada rendición de cuentas en relación con las violaciones de los derechos humanos y reparación integral para las víctimas.

 

La oficina ha realizado seguimiento a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país desde su primer informe en 1998[1]. En 2003[2], 2004[3]y 2005 registró un incremento en las denuncias, que se correspondió con el aumento de la práctica ilegal con impactos particulares y concentraciones en algunas regiones del país[4]. También en sus informes anuales de 2007 y 2008, La Oficina volvió a registrar la persistencia de estas violaciones[5]. 

 

Durante estos años, la Oficina conoció la gravedad de lo ocurrido y formuló recomendaciones orientadas tanto a la prevención de los hechos, como a garantizar el esclarecimiento del fenómeno y la rendición de cuentas.  También, hemos insistido sobre la necesidad de realizar un diagnóstico de lo acontecido, tanto para prevenir los hechos, como para garantizar la comprensión integral de las violaciones ocurridas, la identificación y el abordaje de las afectaciones individuales y colectivas causadas por este crimen y promover así, la rendición de cuentas por estos crímenes.

 

Valoramos entonces, que los mecanismos que se han adoptado en el marco del punto 5 del Acuerdo de paz para promover los derechos de las víctimas, brinden una valiosa oportunidad para promover el reconocimiento de las violaciones; de las víctimas; de los daños provocados y para generar transformaciones que eviten la repetición de estas violaciones.

 

La Oficina reitera que el Estado tiene la obligación de brindar respuestas adecuadas y efectivas en relación con los crímenes en contra de sus familiares y garantizar las condiciones necesarias la defensa de sus derechos. En ese sentido, reitero la necesidad de que se brinden todas las garantías para los familiares de las víctimas, sus representantes y para quienes pueden aportar al esclarecimiento de estos hechos. Su participación y contribuciones constituyen una voz primordial en el proceso de justicia transicional.

 

La Oficina exhorta a continuar promoviendo la efectiva materialización del principio de centralidad de las víctimas, que supone una vigorosa participación en todos los procedimientos y acciones que adelantan los mecanismos del Sistema Integral para la Paz, y que les permite ocupar el lugar que les corresponde en la esfera pública.

 

Reitero a los familiares de las víctimas, sus organizaciones, representantes y organizaciones derechos humanos acompañantes, nuestro compromiso y entera voluntad para continuar acompañando su trabajo en esta larga lucha que han dado para esclarecer estas graves violaciones de derechos humanos. Sólo el esclarecimiento completo -judicial y extrajudicial- y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la democracia.

 

A la Comisión de la Verdad y a las instituciones que conforman el Sistema Integral para la Paz y las demás instituciones del Estado, les ratificamos nuestra plena disponibilidad para continuar cooperando técnicamente para prevenir hechos de esta naturaleza y para continuar realizando procesos de rendición de cuentas que guarden plena correspondencia con los derechos de las víctimas y las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

 

Muchas gracias.         

 

 

[1]En el Informe anual sobre 1998, la ONU-Derechos Humanos reportó sobre la modalidad de ejecución extrajudicial que se extendería como práctica generalizada de la siguiente manera:  “(e)n algunos casos las autoridades militares y policiales intentaron justificar la muerte de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales con la alegación de que se trataba de guerrilleros abatidos mientras hacían frente a las fuerzas del Estado o de criminales comunes que se resistieron de manera violenta a la captura. En otros casos, los homicidas fueron encubiertos con falsos informes sobre los hechos en los cuales habían perecido los ejecutados”. ONU-Derechos Humanos, Informe anual 1998. ONU Doc. E/CN.4/1999/8, párr. 48.

[2]ONU-Derechos Humanos, Informe anual 2003, ONU Doc. E/CN.4/2004/13, párr. 71.

[3]En el Informe anual relativo a 2004, la ONU-Derechos Humanos recalcó un incremento aún mayor en las denuncias de las ejecuciones y llamó la atención sobre “los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas cuyos cuerpos posteriormente fueron presentados ante los medios como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate”. ONU-Derechos Humanos, Informe anual 2004, ONU Doc. E/CN.4/2005/10, párr. 86.

[4]ONU-Derechos Humanos, Informe anual 2005, ONU Doc. E/CN.4/2006/9, párr. 25.

[5]ONU-Derechos Humanos, Informe anual 2007, ONU Doc. A/HRC/7/039, párr. 24.