Intervención de Juliette de Rivero en “Cumbre de dialogantes: experiencias de verdad y no repetición, camino al legado de la Comisión de la Verdad” , Ibagué, Tolima

y profunda admiración, a las víctimas; familiares de las víctimas; organizaciones sociales; comunitarias; personas que defienden los derechos humanos; integrantes de juntas de acción comunal; los niñas, niños y jóvenes; las mujeres; las comunidades campesinas y líderes y lideresas; quienes en las regiones participan y se han comprometido con el trabajo de esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y, sobre todo, su compromiso con la construcción de bases de convivencia y no repetición en los territorios. A la Comisión de la Verdad por su invitación para participar en este importante encuentro que promueve un diálogo diverso y de múltiples voces, la convivencia y fomenta medidas concretas y transformadoras para la prevención y la no repetición de los hechos.



De la misma manera, a todas las autoridades del Estado – regionales y nacionales- que hoy participan en el encuentro, por su compromiso para contribuir a la implementación de actividades de este gran pacto de voluntades orientado a fortalecer medidas para la No Repetición, como una garantía para la satisfacción del derechos de las víctimas, la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la Democracia.



Este espacio de diálogo público y plural sobre insumos y recomendaciones de no repetición, constituye una oportunidad valiosa para fortalecer compromisos y promover sinergias que permitan preservar y materializar el legado de la Comisión en el tiempo y favorecer el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe final que será entregado al país en unos pocos meses.



La apropiación del informe final por parte de quienes hoy se encuentran aquí, y la salvaguardia del legado de la Comisión, refleja no sólo un compromiso con las víctimas y las comunidades que fueron afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado, sino que constituye, además, una oportunidad invaluable para sumar voluntades y promover la articulación y coordinación interinstitucional que permita consolidar las acciones necesarias para la transformaciones y ajustes necesarios para impulsar en el departamento del Tolima y en todo el país, acciones, políticas y programas orientados la No Repetición, con base las necesidades propuestas y aspiraciones de las víctimas, los familiares de las víctimas y las comunidades.



Como forma de contribuir con este trabajo, es relevante ratificar en este espacio algunas de las recomendaciones que la ONU –Derechos Humanos ha realizado con relación a varios de los temas que se abordarán en la cumbre, con la aspiración de que puedan servir como insumo para la suscripción de este gran pacto de voluntades para la no continuidad y no repetición del conflicto armado.



Iniciaré con la necesidad de dar garantías para el desarrollo de la labor de líderes y de personas defensoras de los derechos humanos. Durante los últimos años, la Oficina ha recalcado su preocupación por la persistencia de los desafíos para la protección integral del derecho a defender los derechos humanos. Para proteger su labor, el Estado y la sociedad en su conjunto deben repudiar los actos de violencia contra quienes ejercen la defensa de los Derechos Humanos. Además, es fundamental que se redoblen esfuerzos para fortalecer la presencia de las instituciones estatales en los territorios más afectados por la violencia, lo que incluye consolidar la respuesta institucional, civil, de desarrollo, ambiental – además de la plena implementación del Acuerdo de Paz, para acompañar el ejercicio de quienes defienden los derechos humanos.



Para fortalecer la respuesta preventiva ante la violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en los territorios, es vital atender de manera pronta y articulada las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo –a través de las Comisiones Intersectoriales para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas– CIPRAT. Así mismo, el fortalecimiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para mujeres, y la implementación del protocolo existente dentro del marco del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, puede contribuir a la consolidación de un entorno favorable y seguro.



Un tema que quiero abordar por su relevancia y por su atención urgente, es la necesidad de garantizar que la violencia sobre las niñas y mujeres no vuelva a repetirse. En otros espacios de Diálogo social, la Comisión y nuestra Oficina, hemos llamado la atención sobre como el conflicto armado ha impactado de forma desproporcionada la vida de las niñas y mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales. De hecho, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, puso de manifiesto que la mayoría de las personas desplazadas eran mujeres, niñas y niños. Por ello, la Oficina exhorta al Estado y a las entidades de carácter municipal, departamental y nacional que hoy nos acompañan, a implementar las recomendaciones formuladas en sus Informes Anuales orientadas a que se fortalezcan los esfuerzos en la lucha contra la impunidad de los crímenes que se cometen contra las mujeres y se garantice el acceso efectivo a la justicia para todas las víctimas de la violencia. Lo anterior, de conformidad con normas y estándares de derechos humanos.



La Oficina ratifica su preocupación por la persistencia de los riesgos de reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del conflicto armado. ONU-Derechos Humanos reitera la importancia de que las instituciones del territoriales  y nacionales refuercen las acciones en favor de la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas y cualquier tipo de violencia a la que puedan estar expuestos. Adicionalmente, deseo recoger lo expuesto por la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armado, quien ha manifestado que: “Para hacer que la paz sea totalmente sostenible, los niños, niñas y adolescentes no solo necesitan apoyo psicosocial y físico, sino también oportunidades reales para convertirse en miembros pacíficos y activos de la sociedad”[1]. Para lograr tal objetivo, nuestra Oficina recomienda dar particular importancia al derecho a la educación contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 13 y 14) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 29 y 30), instrumentos de los cuales el Estado colombiano es parte.



La sistematización y consolidación en un solo pacto regional sobre los aprendizajes surgidos de las reflexiones en torno a las afectaciones, impactos, resistencias y afrontamientos de quienes han vivido durante décadas en las zonas gravemente afectadas por el conflicto armado, es vital para definir un trabajo en red y articulado entre la sociedad y la institucionalidad para la garantía de los derechos humanos. Por ello, la adopción de las recomendaciones aquí formuladas, y el cumplimiento de los compromisos derivados de los pactos territoriales por parte de quienes nos acompañan y se convierten hoy en aliados de la Comisión, no es sólo un acto de solidaridad, sino también de responsabilidad y humanidad para con las comunidades, las víctimas y sus familiares.



Este pacto tiene un inmenso potencial para fortalecer la No Repetición y está orientado a fortalecer el Estado social de derecho y la democracia tanto con las instituciones del Sistema Integral para la Paz como  por parte de las demás instituciones. Las autoridades estatales en su conjunto deben brindar respuestas articuladas y coordinadas, garantizando la participación permanente de las personas que durante años han buscado respuesta a su clamor de verdad, justicia, reparación y sobre todo garantías de No Repetición en los territorios.



Los aportes y esfuerzos de quienes confirman la red de aliados de la Comisión: las víctimas, sus familiares, organizaciones de víctimas: organizaciones sociales y comunitarias, comunidades campesinas, organismos de cooperación internacional, centros de pensamiento e instancias académicas, medios de comunicación, entre otros, contribuirán decididamente a fortalecer las rutas y estrategias que deben liderar las autoridades estatales.



Por todo lo anterior, mi Oficina saluda la suscripción de este pacto, e invita a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a la cooperación internacional, a las entidades nacionales y regionales y a las víctimas a que fortalezcan los espacios de participación e incidencia a nivel departamental y municipal, para la consolidación, puesta en marcha y seguimiento de los compromisos aquí contraídos.



Finalizo ratificando nuestra su entera disponibilidad para continuar brindando asistencia técnica a las autoridades del Estado en su conjunto para el cumplimiento de los compromisos que rodean el pacto y para la plena garantía de los Derechos Humanos en el territorio y nuestra voluntad de continuar acompañando los esfuerzos de la Comisión y de las organizaciones de la sociedad civil.

Muchas gracias.

 

[1]Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados. Declaración a la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP sobre la salida y reincorporación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. 15 de mayo de 2016. Disponible en: https://childrenandarmedconflict.un.org/15-may-2016-statement-signing-agreement-between-government-colombia-farc/.