Invertir en la prevención de violencias contra las mujeres con discapacidad es asegurar un futuro verdaderamente sostenible

Cada 3 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, oportunidad para poner en el centro de la conversación pública lo urgente que es hoy y siempre la garantía de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad siguen enfrentando en todos los rincones del mundo una discriminación sistémica que impiden su inclusión significativa a todos los ámbitos de la sociedad. Este panorama resulta aún más complejo y desafiante cuando de la realidad de mujeres y niñas con discapacidad se trata. 

La vulneración de sus derechos humanos las expone a una doble discriminación: por ser mujeres y por ser personas con discapacidad. Derechos como su autonomía sexual y reproductiva, el derecho a vivir una vida independiente, vulneraciones a su derecho a la educación o a estar expuestas a violencias de género más exacerbadas son algunas de las formas en las que día a día todas ellas enfrentan escenarios mucho más desafiantes.

Revertir este panorama para ellas y que logren conquistar sus derechos plenamente no es tarea fácil, pero sí posible. Desde el 2020, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF en una alianza interagencial han venido implementando la iniciativa  ‘Hacia la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad’ con el apoyo la Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – UNPRPD, que busca contribuir a la implementación de los estándares de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. El proyecto ha sido una oportunidad para trabajar con las lideresas y líderes con discapacidad y sus organizaciones para tejer alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional a través de entidades como la Gerencia de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Vicepresidencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. 

La producción de datos inclusivos que den cuenta de la situación de derechos humanos de las personas con discapacidad, los aportes a la Política Pública Nacional de Discapacidad, los insumos para la implementación de la Ley de Capacidad Legal y el Decreto de Educación Inclusiva, junto con la planificación, implementación y monitoreo de las actividades de desarrollo de la ONU desde una perspectiva interseccional (género, edad y discapacidad), son algunos de los resultados que ha dejado el proyecto para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el país. 

De acuerdo con Jaqueline Guatarilla, lideresa de la colectiva ‘Mujeres diversas: libertad, conocimiento, empoderamiento’ de Pasto y participante del proyecto, comenta que su liderazgo entre las mujeres con discapacidad en Nariño le ha salvado la vida: “muchas mujeres no tienen la oportunidad de ir a espacios en donde se hable de sus derechos porque están ocupadas en sobrevivir y yo lo entiendo. Es una reflexión que he tenido con todo el trabajo que hemos hecho con la colectiva. Se sabe que la población con discapacidad es de las más pobres, y no porque no sean inteligentes, sino porque la sociedad no está lista para todo ese potencial humano que necesita de apoyos porque se considera que eso es debilidad. Todo este trabajo de liderazgo me ha salvado la vida”. 

Sobre el proyecto, comenta Jaqueline que “lo que más valoro de la iniciativa es que nos escuchan. Eso es algo importante porque muchas veces lo que sucede es justamente lo contrario y eso nos ha permitido hablar sin miedo sobre nuestras necesidades. Este proyecto nos ha ayudado también a conectar con otras y otros líderes de la comunidad con discapacidad y así encender conjuntamente una llamada de esperanza para quienes vivimos con alguna discapacidad, todo esto mientras fortalecemos nuestro liderazgo y aprendemos de otras personas de la comunidad”. 

La creación de redes con organizaciones como las que lidera Jaqueline permitió igualmente que se pudieran realizar talleres territoriales para fortalecer la participación e incidencia de 243 mujeres con discapacidad para el diseño de políticas públicas que tienen que ver con sus derechos humanos, además de dar asistencia técnica a la Red Nacional de Mujeres con Discapacidad y a la Gerencia de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Vicepresidencia para incorporar aportes en clave de género a la actualización de la Política Pública Nacional de Discapacidad.

Que las mujeres con discapacidad estén presentes, participando efectiva y significativamente en las mesas de toma de decisiones que tienen que ver con sus derechos humanos y en todas las actuaciones de los países para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible —desde la erradicación de la pobreza hasta la salud, pasando por la educación y la acción por el clima—es un imperativo de los Estados y la sociedad en su conjunto para que la inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad sea una realidad.