4,000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con el VIH en todo el mundo cada semana en 2022, en gran parte porque no se respetan sus derechos. Cuando se hacen realidad los derechos de las niñas a la educación y al empoderamiento, su vulnerabilidad al VIH se reduce considerablemente.
En los años 80, al comienzo de la epidemia de SIDA, la mayoría de los países del mundo criminalizaban a las personas LGBTQ+, ahora dos tercios de los países no las criminalizan. La investigación de ONUSIDA demuestra que la prevalencia del VIH entre hombres gay y otros hombres que tiene sexo con hombres es 5 veces mayor en países que criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo.
Los países que están combatiendo la epidemia del SIDA lo hacen derogando leyes y políticas discriminatorias, ampliando los derechos humanos para todos y permitiendo que las comunidades marginadas participen y lideren la respuesta. En la región, Ecuador y Peru se encuentran entre los 38 países que se han comprometido a poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.
Algunos países están aprobando leyes draconianas que criminalizan y exponen a comunidades a altos niveles de violencia, estigma y discriminación. Las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH suelen pasar por alto el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones son transmitidas por personas que desconocen que viven con VIH.
Aquellas personas que sufren discriminación en el sector salud, tienen 2.4 veces más probabilidad de no volver a consultar y por lo tanto de no participar en programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH. Ello determina el riesgo del aumento del número de nuevas infecciones y muertes relacionadas al SIDA, lo que es perjudicial para la salud de todas las personas.
En Colombia, estudios nacionales han demostrado, que son más vulnerables a la infección por VIH quienes sufren actitudes discriminatorias antes de adquirir el virus. Las personas en riesgo se enfrentan a este tipo de situaciones en el hogar, sus actividades cotidianas, el trabajo, o incluso en el contacto con los servicios.
En el estudio Romper el Círculo, Índice de estigma y discriminación de las personas que viven con VIH en Colombia, un 8.7% de las personas refirieron haberse sentido excluidas en actividades familiares, más del 69% refirió haber sido víctima de murmuraciones, un 19.5% ha sufrido violencia verbal, el 15.4% agresión virtual y un 6.1% agresiones físicas. Casi el 15% de las personas que ha sufrido algún tipo de estigma o discriminación lo relacionan con su pertenencia a una población clave y un 12.4% ha experimentado esta situación en los servicios de salud.
Igualmente, situaciones como la migración, generan estigma y discriminación, donde más de la mitad de la población proveniente de Venezuela, refiere haberlo vivido. En el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos 2023, se verificaron 4 homicidios y 9 casos de amenazas y otras afectaciones de los derechos humanos en personas de población LGBTIQ+ defensoras de sus derechos. Se mencionan también casos de violencia de género contra mujeres y personas LGBTIQ+ participantes en el proceso electoral, y situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género.
El estigma y discriminación asociadas hacia las poblaciones en riesgo, afectadas por y viviendo con VIH limitan la búsqueda de relaciones afectivas, el disfrute de la vida sexual, la decisión sobre la tenencia de hijos, el abandono de actividades educativas, laborales o asistencia a servicios.
La salud pública se ve socavada cuando las leyes, políticas, prácticas o normas imponen el castigo, la discriminación o el estigma a personas, ya sea por ser mujeres, LGBTQ+, migrantes, trabajadoras sexuales o personas que consumen drogas.
Sin embargo, tenemos esperanza en la lucha de las comunidades más afectadas por la discriminación. Ellas están liderando y demandando el derecho a la salud, y el derecho a la vida. Necesitan ser acompañados en este esfuerzo.
Este 1º de marzo, tomemos acción y protejamos los derechos de todos que es proteger la salud de todos.
Articulo de opinión de: Andrea L. Boccardi Vidarte, Directora de ONUSIDA para los Países Andinos (Peru, Ecuador, Bolivia, y Colombia)