Declaración final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, al concluir su visita oficial a Colombia

En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, he llevado a cabo una visita a Colombia del 5 al 15 de marzo de 2024. Quiero dar las gracias al Gobierno por su invitación y por su cooperación antes y durante mi visita.

En el transcurso de mi visita, me he reunido con entidades del Estado en Bogotá, incluyendo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, Viceministros y Directores de Ministerios, Senadores y Representantes del Congreso, el Presidente y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como con la Fiscal General de la República (E). También sostuve reuniones con miembros y representantes de Pueblos Indígenas, incluyendo mujeres y mayores, con agencias de las Naciones Unidas, con varios empresarios y con organizaciones de la sociedad civil. He podido visitar territorios y comunidades de Pueblos Indígenas en los departamentos de Cesar, La Guajira, Amazonas, Valle del Cauca y Cauca.

Me llamó especialmente la atención, la actitud abierta y el espíritu de colaboración de las instituciones oficiales, que reconocen la deuda histórica del Estado con los Pueblos Indígenas y se mostraron comprometidas a promover una nueva relación con estos, basada en el diálogo de Gobierno a Gobierno.

Durante mi visita, he podido analizar los avances alcanzados tras la puesta en práctica de algunas de las recomendaciones propuestas por mis predecesores durante sus visitas en 2004 y 2009. [1] También he considerado las recomendaciones emitidas por los órganos de tratados y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Quiero destacar el compromiso del Estado con la implementación de las recomendaciones anteriores y confío en que las recomendaciones que formularé en mi informe final al Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2024, serán una hoja de ruta para avanzar en la protección y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Durante los últimos 9 días, recibí una enorme cantidad de información oral y escrita que revisaré en los próximos meses para la preparación de dicho informe final. En anticipación de este, quisiera compartir algunas observaciones preliminares.

Estas observaciones incluyen la identificación de buenas prácticas, así como áreas de mejora, fundamentadas en los instrumentos internacionales relevantes a los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, que fue ratificado por Colombia el 7 de agosto de 1991. Quiero iniciar resaltando algunos aspectos positivos que estaré ampliando en mi informe y entre los que se destacan:

 

I. Buenas prácticas

En el ámbito del Acuerdo de Paz, es relevante mencionar la adopción de su Capítulo Étnico, para interpretarlo conforme a los derechos a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En el marco de la reconciliación y reparación, destaca la creación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; así como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y en razón del Conflicto Armado.

Es particularmente relevante el reconocimiento del territorio indígena como víctima. También importante es mencionar el informe de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que compila las varias violaciones perpetradas por parte de las guerrillas, los paramilitares y miembros de la fuerza pública contra los Pueblos Indígenas y proporciona importantes recomendaciones.

Un paso importante en la participación de los Pueblos Indígenas en el diseño de políticas públicas es la adopción del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación, se protocolizaron 231 acuerdos, e incluyeron 29 artículos en la redacción de la Ley 2294 de 2023, por la cual se aprobó dicho Plan.

Quiero destacar y aplaudir la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha desempeñado un rol crucial en la protección y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Colombia ha impulsado la representación de los Pueblos Indígenas en la vida política y pública al más alto nivel, mediante el nombramiento de una mujer indígena en el cargo de embajadora ante la ONU en Nueva York, y otra como directora de la Unidad de Víctimas, así como un hombre indígena como Director de la Unidad de Restitución de Tierras.

II. Desafíos

A pesar de las buenas prácticas mencionadas, es evidente que no se han logrado avances significativos en la resolución de los problemas estructurales identificados por mis predecesores. La situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante. Aún no se ha saldado la deuda histórica de reconocer efectivamente el derecho a la libre determinación, autonomía, a la tierra, territorio y recursos de los Pueblos Indígenas, así como a la participación política y a la consulta para otorgar o negar el consentimiento previo, libre e informado.

Persiste la observación de fondo de mis predecesores, quienes destacaron que, a pesar de la existencia de una legislación nacional avanzada y una gran jurisprudencia de la Corte Constitucional, la poca efectividad y ausencia del Estado, especialmente a nivel local, impide el disfrute efectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas. Es claro que, en este contexto de fragilidad estatal, la situación de los Pueblos Indígenas se ve exacerbada e intensificada por la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como de agentes económicos que operan al margen del respeto de los derechos humanos.

Es importante destacar que estos problemas son históricos y estructurales, no atribuibles únicamente a las acciones del Gobierno actual. En ese sentido, el Gobierno tiene una oportunidad significativa para abordarlos en el marco de la implementación de las nuevas políticas de seguridad humana, de drogas y de la Paz Total, las cuales deben ser inclusivas de las propuestas y demandas de todos los Pueblos Indígenas, principalmente las mujeres indígenas y aquellos que residen en las zonas más marginadas del país. Es necesario garantizar la seguridad de los Pueblos Indígenas para fomentar su participación efectiva en este diálogo sin temor a represalias.

La construcción de una Paz Total, reconciliadora y restauradora, debe basarse en la protección efectiva y real de los derechos de los Pueblos Indígenas. La falta de aplicación efectiva de sus derechos es una de las razones por las cuales 71 Pueblos Indígenas en Colombia se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. Conforme a las solicitudes de muchos representantes indígenas durante la visita, la protección de sus tierras, territorios y recursos debe abordar específicamente el reconocimiento del daño ambiental y la desarmonía espiritual que la presencia y acciones de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como la presencia de actores económicos, han causado en las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas.

Aunque los Pueblos Indígenas tienen propuestas concretas y fundamentales para replantear la sociedad colombiana, su voz ha sido silenciada durante mucho tiempo, debido a los obstáculos estructurales a la participación política y al debilitamiento de las instituciones de gobierno propio. Por esta razón, la reparación colectiva debe implicar también la concertación con los Pueblos Indígenas para implementar medidas adecuadas y eficaces que fortalezcan su derecho a la libre determinación y autonomía.

Quisiera referirme a estos temas preliminarmente y de forma más detalladas a continuación:

1. Conflicto Armado

A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, lamento haber encontrado tantos testimonios de personas indígenas que consideran que la guerra en sus territorios no ha cesado y narraron que ellos nunca han vivido un postconflicto, sino en una situación de conflicto posterior a la firma de Acuerdos de Paz. Según la información recibida, el conflicto armado ha cambiado sus características, ya que las partes beligerantes se han multiplicado. Muchos de estos ahora parecieran tener relaciones con otros grupos armados no estatales y organizaciones criminales más allá de las fronteras del país. Como lo destacaron mis predecesores, los Pueblos Indígenas son afectados de manera particularmente grave por el conflicto, que suele tener una fuerte presencia e intensidad en sus territorios, inclusive en lugares sagrados, con un impacto desproporcionado en mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Por ejemplo, una comunidad indígena fue obligada a ver cómo uno de sus ancianos fue sometido a abuso sexual en su lugar sagrado por alrededor de 30 o 40 combatientes, como un arma de guerra y una forma de humillación.

La mayoría de las personas indígenas con las que conversé mostraron frustración ante las dificultades para participar eficazmente e incidir en las nuevas negociaciones de paz que el Gobierno está impulsando. Cuando han logrado participar en algunos de esos diálogos, no han sido tratados como partes iguales en relación con los demás actores negociadores. Las autoridades indígenas no son vistas en el marco de una relación de Gobierno a Gobierno. Una de mis mayores preocupaciones es la posible utilización de territorios indígenas como pieza de negociación con grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Recibí información alarmante sobre el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados. Muchos de esos reclutamientos son llevados a cabo con el fin de obtener inteligencia. Los niños y niñas son apartados de sus familias por algunas semanas y luego son supuestamente liberados, pero en realidad son reinsertados en sus comunidades con el fin de que sirvan de informantes, rompiendo la confianza y fracturando el tejido social del Pueblo. En algunos casos, los menores reclutados no son aceptados de vuelta por sus comunidades, lo que los coloca en una situación de abandono y los lleva a la indigencia, adicción o inclusive la prostitución. Otra de las consecuencias alarmantes del conflicto armado es el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad, quienes han recurrido a quitarse la vida para evitar o liberarse del reclutamiento.

Al visitar Colombia, mis dos predecesores expresaron preocupación por el uso de minas antipersonales en territorios indígenas. Lamento haber recibido testimonios que sugieren que esta situación no ha cambiado, sino que se ha incrementado. Los efectos de estos artefactos son devastadores. No solo causan muerte y mutilación de personas indígenas, sino que son un ultraje a territorios sagrados y campos de trabajo, mientras sirven como una herramienta de intimidación, control social y confinamiento de Pueblos Indígenas. Muchos de los Pueblos Indígenas entrevistados me solicitaron urgir al Gobierno avanzar en procesos de desminado humanitario en sus territorios.

2. Pueblos Indígenas en riesgos de extinción

Desde la visita de mis predecesores, persiste la carencia y falta de eficacia en las acciones para proteger a los 71 Pueblos Indígenas declaradas en riesgo inminente de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en sus autos 004 de 2009, 266 de 2017 y 351 de 2019. La imperiosa necesidad de adoptar medidas adecuadas se destaca aún más al observar que 35 de estos Pueblos cuentan con menos de 200 habitantes.

Durante mi visita a La Guajira, pude constatar la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo Wayuu. La explotación desmedida de los recursos naturales en la región ha provocado una seria degradación ambiental, impactando directamente en su modo de vida, cuya existencia está estrechamente ligada a su territorio, minando su soberanía alimentaria. Es alarmante observar que el 81,1% de la población Wayuu se encuentra con necesidades básicas insatisfechas, y el 53,3% vive en condiciones de extrema pobreza. En los últimos 10 años, más de 5,000 niños y niñas Wayuu han perdido la vida a causa de la desnutrición y la deshidratación.

Los testimonios indican deficiencias en la garantía del derecho al agua potable, una condición esencial para hacer efectivo el derecho a la alimentación y prevenir la desnutrición. La escasa disponibilidad y accesibilidad de alimentos agrava aún más la situación.

También he recibido información sobre la difícil situación de más de 15 Pueblos Indígenas móviles y en aislamiento voluntario o contacto inicial. En el caso de los Pueblos Yurí y Passé, que permanecen en aislamiento voluntario, la creación del Parque Nacional Natural Río Puré no ha sido eficaz para frenar la minería ilegal, la tala indiscriminada y la presencia de grupos al margen de la ley, que actualmente amenazan su existencia. Hago un llamado urgente al Gobierno a que adopte medidas adecuadas, en plena conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el principio de precaución, el no contacto y el respeto de los patrones de movilidad en la demarcación de sus territorios.

Recibí información preocupante sobre la ocupación de territorios de Pueblos Indígenas móviles por parte de desarrollos agrícolas, que han cercado y rodeado sus espacios ancestrales con linderos de alambre e incluso cámaras de seguridad y vigilancia mediante drones, combinándolos en sus propios bosques e impidiéndoles la movilidad.

Es imperativo adoptar medidas adecuadas y urgentes para abordar la vulnerabilidad y el riesgo de exterminio físico y cultural de los Pueblos Indígenas móviles o semimóviles en contacto inicial, como los pueblos Nukak, Hitnü, Juhup, Mapayerri y Jiw, entre otros. Estos se han visto desplazados a centros urbanos debido a la presencia de grupos armados o actividades económicas extractivas en su territorio ancestral. Miembros de estas comunidades indígenas han descrito las desfavorables condiciones de vida a las que se enfrentan, siendo compelidos a residir en vertederos de basura con acceso limitado a servicios básicos. Las mujeres y niñas indígenas se ven obligadas a recurrir a la prostitución debido a la falta de opciones económicas. Además, se ha observado una preocupante prevalencia del alcoholismo entre jóvenes, atribuido a la pérdida de sus raíces culturales.

3. Libre determinación, autogobierno, participación y represalias

La imposición de estructuras estatales ajenas a las instituciones indígenas, el conflicto armado y la presencia de actores económicos en sus territorios, han debilitado profundamente la estructura de autogobierno indígena en todo el país. La falta de reconocimiento del territorio indígena como una instancia político-administrativa efectiva ha obligado a los Pueblos Indígenas a depender de estructuras culturalmente diferentes, como el resguardo, el municipio y el cabildo, para llevar a cabo funciones político-públicas, lo que ha contribuido al fraccionamiento y debilitamiento de las autoridades ancestrales. Además, grupos al margen de la ley han convertido a las autoridades indígenas en un objetivo militar para obtener el control territorial. Es especialmente grave la situación de intimidación, amenazas y asesinatos de las autoridades espirituales y guardias indígenas.

Es preocupante que, tras 32 años de la adopción de la Constitución de 1991, el Estado siga sin legislar y reconocer a las Entidades Territoriales Indígenas. Según información recibida, esto es debido a que en el proceso para formalizar los territorios indígenas como entidades territoriales, las instituciones no han generado la coordinación interinstitucional necesaria para avanzar y han presentado distintas barreras administrativas. Es esencial que las instituciones involucradas coordinen sus esfuerzos y superen los obstáculos de forma para garantizar el reconocimiento efectivo de las Entidades Territoriales Indígenas, fortaleciendo así la autonomía y libre determinación de los Pueblos Indígenas en Colombia.

En el curso de la visita, fui informado de que el registro del Ministerio del Interior limita la autonomía de los Pueblos Indígenas al subordinar el ejercicio de sus derechos colectivos a esta inscripción. He recogido los testimonios de Pueblos Indígenas cuyo proceso de registro se ve afectado por la distancia, la inaccesibilidad y la falta de adecuación cultural. Considero que el registro debería ser declarativo y no constitutivo de la autoridad indígena, cuya existencia es un hecho preexistente al Estado. Por lo tanto, corresponde al Estado reconocer simplemente este hecho y otorgar efectividad a la personalidad jurídica de los Pueblos en sus diversas formas organizativas y sin obstaculizar con la imposición de requisitos burocráticos.

Es preocupante el marcado incremento en los asesinatos selectivos dirigidos a líderes, lideresas y autoridades indígenas. Según información recibida, entre 2020 y 2022, se documentaron en promedio más de 320 casos anuales. En 2022, la cifra superó los 1.327 integrantes y líderes sociales asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz. Según la Defensoría del Pueblo, los liderazgos indígenas son los más afectados territorialmente, especialmente en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Este panorama se relaciona con la inadecuación cultural y el incumplimiento de las medidas de protección a líderes, lideresas y autoridades amenazadas, la falta de celeridad en los procesos de investigación y la reconfiguración del conflicto, lo que mantiene en constante riesgo a las comunidades.

4. Tierras, territorios y recursos

Reitero la recomendación de mis predecesores: el reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas es fundamental para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la supervivencia de los Pueblos Indígenas.

En Colombia, la problemática en torno al reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas se refleja en una brecha significativa en procesos como la delimitación, titulación y restitución. El Estado colombiano no ha logrado garantizar procedimientos que resuelvan de manera eficaz y en tiempos razonables las peticiones de reconocimiento de territorios indígenas, con alrededor de 1,136 solicitudes sin resolver, algunas presentadas décadas atrás.

La restitución de derechos territoriales también enfrenta retrasos en las etapas administrativa y judicial, generando un rezago que afecta el ejercicio de este derecho fundamental para los Pueblos Indígenas. A pesar de la existencia del Decreto-Ley 4633 de 2011, que aborda la restitución de derechos territoriales, se observa un preocupante desafío estatal en su implementación. Hasta el 2023, se registran 632 solicitudes de restitución, con solo 24 sentencias judiciales emitidas.

Los representantes de los Pueblos Indígenas identifican obstáculos, como una limitada interpretación institucional del concepto de "territorio", destacando la fragmentación de la concepción territorial, la falta de reconocimiento de la conectividad cultural y espiritual, así como la ausencia de medidas institucionales que aborden las graves implicaciones del conflicto armado interno en la relación de los Pueblos Indígenas con sus territorios. También me informaron que en algunos casos las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras han sido ocupadas por terceros, generando complicaciones jurídicas para sanear los territorios. Estos desafíos subrayan la necesidad de abordar de manera integral y urgente los problemas administrativos y judiciales para garantizar los derechos territoriales indígenas en Colombia.

5. Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado

En Colombia hay una amplia práctica de llevar a cabo procesos de consulta con Pueblos Indígenas. La Dirección Nacional de Consulta previa informó que se habrían realizado más de 16 mil procesos de consulta. Sin embargo, según la información recibida, estos procesos no siguen los estándares internacionales aplicables. Una de las muchas personas entrevistadas indicó que funcionarios del Estado y empresarios le dijeron que “no pueden decir que no” como resultado del proceso de consulta, lo cual anula y vacía de contenido el derecho a dar o negar el consentimiento.

Fui informado de que en muchos casos los procesos de consulta son iniciados luego de que el proyecto ya ha sido diseñado o incluso iniciado, incumpliendo con el requisito de que el consentimiento sea previo. Adicionalmente, se me informó que dichos procesos son celebrados de manera apresurada, sin permitir suficiente tiempo para que los participantes indígenas comprendan las implicaciones de los proyectos que los afectan y para que discutan entre ellos de acuerdo con sus propios lapsos y mecanismos de negociación interna. Se pudo constatar que estos procesos no son diseñados con un enfoque diferenciado que considere las particularidades culturales, sistemas de autogobierno y la cosmovisión del Pueblo Indígena consultado. También recibí testimonios sobre la falta de acceso a la información en un lenguaje adecuado para facilitar que las personas indígenas entiendan lo que estaba siendo consultado y para lo cual se requirió el consentimiento. Preocupa profundamente la información recibida sobre el financiamiento de estos procesos de consulta por parte de las empresas implicadas, lo cual revela que no son procesos donde la participación indígena sea verdaderamente libre ni en condiciones de igualdad. Es particularmente preocupante que las mujeres indígenas hayan mostrado tanta frustración por la imposibilidad de participar en estos procesos, en la mayoría de los casos, los hombres son los únicos consultados. Finalmente, preocupa que el test de proporcionalidad se utilice para llevar a cabo proyectos que no hayan sido consentidos por los Pueblos Indígenas de conformidad con las normas internacionales en la materia.

6. Proyectos de desarrollo y transición ecológica

Históricamente y en muchas partes del mundo, siempre ha habido una relación tensa entre los Pueblos Indígenas y las empresas que operan en sus territorios, o cuyas actividades pueden afectarles directa o indirectamente. En Colombia pude ver ejemplos muy claros de esta relación con proyectos mineros, energéticos, madereros, agrícolas y turísticos. Las empresas tienen la posibilidad de generar empleo, construir infraestructura, producir riquezas y llevar la institucionalidad a muchas partes remotas del país, entre otros beneficios de sus actividades. Sin embargo, esto no debe suceder a expensas de los derechos de los Pueblos Indígenas.

El desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento previo, libre e informado de estos, se ha traducido en su desplazamiento, confinamiento, pérdida de cultura y urbanización. Territorios ancestrales y sagrados, que por siglos han sido habitados, mantenidos y protegidos por Pueblos Indígenas, ahora se ven ocupados ilegítimamente, no solo por varias empresas nacionales e internacionales, sino también por fuerzas militares y grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Esa ocupación ha impedido que los Pueblos Indígenas mantengan su armonía con el medio ambiente, no les permite cuidar la diversidad biológica ni continuar pacíficamente con su desarrollo cultural propio. Por si fuera poco, se reportó que esta situación ha incentivado el no reconocimiento de territorios indígenas como entidades administrativas autónomas, como lo ordena la Constitución.

Fue sumamente preocupante ver la contaminación en territorios indígenas ocupados por megaproyectos. Estos espacios ancestrales no solo son el lugar donde viven cientos de personas indígenas, sino que son fuente de alimentación, salud y espiritualidad para Pueblos ancestrales. Pude sentir la contaminación en el aire y ver cómo el agua, la flora y la fauna se han degradado. La reacción de los empresarios supuestamente ha sido llevarles camiones con agua potable, pero esta es una respuesta lamentable, no solo porque las cantidades de agua no son suficientes para el aseo, la alimentación y el cultivo, sino porque no es una solución permanente. Muchos de los daños causados son irreparables, por lo que es alarmante ver la pobre reacción institucional y empresarial ante esta situación. Urge el saneamiento de los ríos y de la tierra, de la que dependen los Pueblos Indígenas para sobrevivir, en especial al considerar que muchos de ellos han sido declarados por la Corte Constitucional como en riesgo inminente de extinción física y cultural.

Una de las personas con las que hablé me preguntó: “si las empresas y agentes del Estado no obedecen los mandatos de la Constitución ni de la Corte Constitucional de Colombia, ¿cómo podemos hacer para que respeten nuestras exigencias sobre nuestros territorios?”

Cuando las empresas han llegado a territorios indígenas en Colombia, han traído consigo una fuerte presencia militar y de compañías privadas de seguridad, estos agentes no han tenido la sensibilidad cultural para interactuar con personas indígenas, lo cual ha generado desconfianza y conflictividad. Las empresas han llevado actividades productivas lícitas a los territorios, pero también ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico y la corrupción, desestabilizando el equilibrio económico y rompiendo el tejido social de las comunidades, algunas de las cuales han sido criminalizadas. Estos proyectos también han traído consigo las necesidades de muchos de sus trabajadores, que no necesariamente son personas de la región, y la satisfacción de muchas de esas necesidades se ha traducido en la violación de derechos humanos de personas indígenas, por ejemplo, con casos de esclavitud moderna y abuso o explotación sexual.

El ejemplo de la mina, ferrocarril y puerto del proyecto Cerrejón destaca por ser particularmente ilustrativo de lo anterior. La presencia por más de 45 años de este megaproyecto en La Guajira y sus cercanías a los territorios de los Wayu, Kinqui, Ika, Kogui y Wiwa, lamentablemente no se ha traducido en una mejora de sus condiciones de vida. Todo lo contrario, la ocupación y contaminación de sus territorios les ha traído confinamiento, hambre, enfermedades y hasta muerte.
Los representantes de los Pueblos Indígenas han expresado su profunda preocupación acerca de la posibilidad de que los abusos previamente mencionados se reproduzcan en el marco de la transición verde. Esta inquietud surge, en gran medida, debido a la presencia activa o en proceso de construcción de proyectos REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) en el 66% de los territorios indígenas. Me preocupa especialmente la información que he recibido sobre graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con REDD+, las cuales socavan el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas y el derecho al consentimiento previo, libre e informado.

Un caso particularmente alarmante es el del Pueblo Nukak, recientemente contactado, que sin recibir el acompañamiento necesario por parte de las entidades públicas pertinentes, firmó un contrato de bonos de carbono por un período de 100 años. Este contrato contiene una cláusula de exclusividad e irrevocabilidad a favor de una empresa privada, violando sus derechos territoriales de manera significativa.

Es crucial que Colombia tome medidas inmediatas para reconocer a las autoridades de los Pueblos Indígenas como autoridades ambientales y adoptar un marco normativo que incluya garantías operativas y ejecutables en consonancia con los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Además, se deben establecer controles jurídicos específicos para las inversiones en el mercado de la energía renovable, el carbono forestal y el programa REDD+. La adopción de estas medidas es esencial para garantizar el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y prevenir nuevas vulneraciones en el contexto de la transición verde.

7. Justicia indígena, acceso a la justicia y privación de libertad

A pesar de que la Constitución de Colombia reconoce la competencia de la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial, y del mandato constitucional de adoptar una ley de coordinación de esta jurisdicción con la ordinaria (artículo 246), han transcurrido 33 años sin que dicha ley haya sido adoptada por el Congreso. El Ministerio del Interior ya tiene un anteproyecto. La inexistencia de un marco legal ha permitido a las autoridades en algunos casos no reconocer procesos judiciales indígenas e imponer la legislación ordinaria en territorios o a personas indígenas de manera arbitraria. De igual manera, las consecuencias de dicho desconocimiento también se han extendido a la fase de cumplimiento de la pena. Ha habido casos en los que personas indígenas han sido juzgadas, condenadas y han cumplido penas de acuerdo con la justicia indígena, para luego ser procesadas, sentenciadas y encarceladas de nuevo en por la justicia ordinaria, en clara violación del principio de non bis in idem.

Igualmente, en lo que concierne a la justicia ordinaria, recibí información preocupante sobre obstáculos, limitaciones o falta de acceso a la justicia por parte de personas y Pueblos Indígenas. La principal barrera ha sido el idioma y la falta de adaptación cultural de la justicia ordinaria cuando se trata de víctimas, acusados o sujetos procesales indígenas. Igualmente, muchas personas indígenas tienen que trasladarse durante días, por medios inseguros, para acceder al tribunal municipal más cercano.

Recibí información sobre cómo la falta de adaptación cultural ha conllevado a que muchas personas indígenas sean víctimas de privaciones arbitrarias, injustas o desproporcionadas de su libertad. Hay casos en los que las personas indígenas son condenadas penalmente en procedimientos que no entienden, que no toman en cuenta su cosmovisión, o por conductas que no conocían que eran delitos debido a que la ley que las regula no es accesible para ellos.

Adicionalmente, recibí información preocupante sobre hacinamiento carcelario en Colombia. Las cárceles parecieran no ofrecer las garantías y condiciones de detención necesarias para albergar a personas indígenas, no consideran sus necesidades particulares en virtud de su cosmovisión y las coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

8. Derechos Económicos Sociales y Culturales

Durante mi visita, observé que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales por personas y Pueblos Indígenas, con respecto al promedio general de la población colombiana, no ha mejorado significativamente desde la visita de mis predecesores. Esta realidad se atribuye a la persistencia de factores estructurales no resueltos. Entre estos factores, destaca la ocupación de los territorios indígenas por grupos armados al margen de la ley, el desarrollo de proyectos económicos sin el consentimiento previo de dichos Pueblos, y los daños ambientales asociados. La ausencia estatal en el terreno agrava la situación, al igual que la falta de financiación directa a las autoridades indígenas para llevar a cabo sus planes de vida. Además, la exclusión de los planes de vida de los Pueblos Indígenas de las políticas públicas del Estado contribuye significativamente a la persistente desigualdad.

A pesar de algunos programas y medidas gubernamentales, el acceso a la educación y a la sanidad es limitado en las zonas rurales de los Pueblos Indígenas, debido a la ausencia de presencia estatal y a la falta de aplicación de enfoques culturalmente apropiados y no consultados. Los Pueblos Indígenas amazónicos expresaron que, aunque han desarrollado soluciones y programas para hacer frente a esta ausencia estatal, la falta de financiación directa a las autoridades indígenas impide su realización. Los representantes de los Pueblos Indígenas señalan que la protección efectiva y total del derecho a la salud y a la educación es el reconocimiento efectivo del sistema de salud propio, así como la educación propria, que sigue siendo una deuda significativa para los Pueblos Indígenas.
Las mujeres indígenas siguen enfrentándose a graves limitaciones para acceder a sus derechos. Durante la visita, escuché el testimonio de mujeres indígenas víctimas del conflicto armado y su sufrimiento por no haber recibido aún una reparación culturalmente adecuada por la violencia sufrida. Es preocupante que las mujeres indígenas sigan siendo víctimas de trata y agresiones sexuales a manos de grupos al margen de la ley.

Las mujeres indígenas compartieron los desafíos que enfrentan al denunciar violaciones sufridas, expresando su inquietud por la falta de resolución de los casos de violencia a través de los sistemas de justicia ordinaria e indígena, lo que contribuye a la impunidad. Asimismo, resulta alarmante el elevado número de reportes de feminicidios, la ausencia de estadísticas oficiales, y la impunidad que prevalece en estos casos. Finalmente, a pesar del papel de las mujeres como protectoras del conocimiento científico de los Pueblos Indígenas, parte esencial de la vida de sus comunidades, no tienen mayor participación política dentro y fuera de sus comunidades. Las mujeres indígenas expresaron la necesidad de que las vulneraciones a sus derechos sean abordadas de forma integral, involucrando a todos los miembros de las comunidades, con el objetivo de que disminuyan las brechas entre hombres y mujeres y se fortalezca la autonomía de sus Pueblos.

Preocupa el índice de suicidios entre niños y niñas indígenas, vinculados al reclutamiento armado y violencia sexual. Se destaca la dificultad para recopilar datos estadísticos precisos y la falta de una política pública de salud mental diferenciada y consultada con los Pueblos Indígenas para abordar esta emergencia.

También, me han impresionado las historias de indígenas LGBTQ+ que, debido a su orientación de género, sufren una grave discriminación. En algunos casos, son expulsados de su comunidad o se convierten en objeto de actos de violencia por parte de grupos que operan al margen de la ley.

Fui informado que el 28 % de los Pueblos Indígenas en Colombia viven en el contexto urbano, sin embargo, no hay una política pública nacional para atender sus necesidades específicas. Asimismo, su participación política es limitada.

Finalmente, los representantes de los Pueblos Indígenas con los que me reuní expresaron su inquietud acerca de al menos 20 Pueblos Indígenas transfronterizos, como el pueblo Wayúu, Yukpa, Inga. Estos Pueblos, debido a la falta de reconocimiento de su derecho a la bi-nacionalidad, enfrentan dificultades para ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. También, es preocupante que la condición de apatridia afecta a un número significativo de personas pertenecientes a Pueblos Indígenas, debido a múltiples causas, entre las cuales el acceso limitado al registro civil de nacimiento. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, resulta imperativo reconocer la ciudadanía colombiana de los miembros de los Pueblos Indígenas transfronterizos. Asimismo, se hace necesario adoptar una ley que dé aplicación al artículo 96 de la Constitución Colombiana y al artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, relativos a esta materia.

III. Conclusiones y recomendaciones

Muchos de los problemas señalados requieren soluciones de fondo, por lo que me gustaría ofrecer algunas recomendaciones generales como antesala de mi informe final. En ese sentido, recomiendo:

• Aplicar sin demora el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y garantizar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas, incluyendo las mujeres indígenas, en la implementación de las nuevas políticas de seguridad humana, lucha contra las drogas y Paz Total;
• Promover diálogos directos con los Pueblos Indígenas, independientes de los diálogos con los grupos armados no estatales, para la construcción de la paz duradera;
• Dar cumplimiento inmediato a las órdenes dadas por la Corte Constitucional y otros tribunales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas;
• Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para reconocer las Entidades Territoriales Indígenas y fortalecer su autonomía;
• Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la coordinación de los sistemas jurídicos indígenas y la justicia ordinaria;
• Adoptar las medidas adecuadas para descongestionar los procedimientos de reconocimiento formal de territorios y avanzar en una comprensión del significado integral que tienen éstos para los Pueblos Indígenas;
• Garantizar que la implementación de medidas de fiscalización de drogas se realice conforme al respeto a los derechos, necesidades y características culturales de los Pueblos Indígenas, incluyendo sus prácticas ancestrales, y la medicina y ciencia indígenas.

Quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Colombia por la invitación y la plena cooperación que me brindó, y por permitirme realizar mi visita libremente y manera independiente. También quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina de la Coordinadora Residente y al Sistema de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su apoyo para asegurar el éxito de la visita. Finalmente, ofrezco mi profundo agradecimiento a los Pueblos Indígenas que me han recibido en sus territorios y a todos aquellos que viajaron para compartir sus historias y preocupaciones conmigo. Me siento inspirado por su fortaleza y determinación para continuar defendiendo sus derechos y buscando la justicia.

 

[1] E/CN.4/2005/88/Add.2; A/HRC/15/37/Add.3