Comunicado de prensa

Secretario General de la ONU pide acelerar acciones que se traduzcan en beneficio para las comunidades

07 abril 2024

Bogotá – En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, felicita a los colombianos y las colombianas por el valor y la persistencia que han demostrado al tratar de afrontar y resolver asuntos profundamente arraigados que han afectado a la vida social y política de su país durante décadas. Hace un llamado a mantener la mirada fija en el objetivo fundamental de alcanzar una paz duradera y dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias.

“Una implementación exitosa del Acuerdo de Paz tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional”, plantea el Secretario General. Sin embargo, agrega que, “para ello, se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del Acuerdo en cambios transformadores”. Si bien el informe reconoce los importantes avances logrados hasta la fecha, resalta como de particular importancia en esta etapa “que los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo”.


Reconociendo la profunda interconexión entre la implementación del Acuerdo Final de Paz y los resultados de los actuales esfuerzos para resolver el conflicto armado a través del diálogo, el Secretario General alienta “firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz”.


El Secretario General felicita al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos”, y hace un llamado a las partes “para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia”. Además, dice que la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. “Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, agrega.


El informe destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. “Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”. El Secretario General hace un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.


Sobre la Reforma Rural Integral, el informe celebra los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.


De acuerdo con el informe, la reincorporación de excombatientes avanza hacia acciones de largo plazo que requieren una cooperación sostenida entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y los excombatientes y sus representantes, con la participación activa de entidades gubernamentales y estatales a escala nacional, regional y local. Recuerda que sigue pendiente la aprobación de decretos claves para el proceso, como el que formaliza el Programa de Reincorporación Integral, el que establece el Sistema Nacional de Reincorporación y el que se relaciona con las áreas especiales de reincorporación colectiva.
 

Respecto a las garantías de seguridad para los firmantes de paz, el Secretario General lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.


Con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el informe reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. De igual manera, el informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).


El informe señala que las garantías de seguridad constituyen un objetivo central del Acuerdo y una condición imprescindible para superar las causas estructurales del conflicto. En este sentido, subraya que las mejoras sostenibles en esta materia dependen de la presencia integral del Estado y sus servicios en
todo el país. Agrega que la puesta en marcha de instrumentos clave como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y el programa integral de protección para excombatientes continúan estancados ante la falta de formalización de los decretos.


El informe destaca que la implementación del Capítulo Étnico sigue enfrentando retos y saluda el establecimiento por parte de la Vicepresidencia de mesas de alto nivel para promover el cumplimiento del Pacto para acelerar su implementación.


En cuanto a las provisiones de género del Acuerdo, el informe resalta la necesidad de incrementar los recursos de las entidades de Gobierno, con el fin de acelerar su implementación. Las provisiones de género relativas a la Reforma Rural Integral, Capítulo Étnico y participación política son algunas de las que
presentan menores avances.


Finalmente, el Secretario General resalta que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.


El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, el señor Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 9 de abril de 2024.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2024/267

Descargue infografía sobre el Informe del Secretario General en cifras S/2024/267

 

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