Colombia necesita acabar con la impunidad cuando se violan los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+

La directora de Colombia Diversa, organización que lucha por la igualdad de la mujer y la diversidad en el país, señala que el pegamento que unió la persecución del colectivo LGBTIQ+ durante el conflicto armado fue la discriminación. Pese a ello, considera que Colombia tiene una oportunidad ahora de convertirse en un ejemplo para el mundo si cumple con las leyes existentes.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, considera que el país sudamericano tiene la oportunidad de convertirse en un laboratorio para la igualdad de la mujer, como comentó recientemente en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

Esa oportunidad viene derivada de la inclusión de la cuestión de género como uno de los ejes del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

En conversación con Noticias ONU, Sánchez, cuya ONG es una de las organizaciones más representativas de la lucha por la igualdad de la mujer y la diversidad en el país suramericano, precisa sin embargo que, para que la incorporación de la perspectiva de género se pueda tomar como modelo a nivel mundial, es necesario que el país agilice la aprobación de leyes que eviten la impunidad frente a la violación de derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

Además, Sánchez observa la necesidad de que se dé seguimiento a estrategias que protejan la vida e integridad.

“Es importante que la Misión de Verificación tenga acceso a indicadores que permitan medir, por ejemplo, afectaciones por incumplimientos del cese al fuego de grupos armados ilegales contra la población LGBTIQ+, persecución por razones de género, o casos de violencia sexual; que pueda medir si se está incorporando la perspectiva de género como quedó en los acuerdos de 2016”, explica.

Para Sanchez, esto incluye que “la comunidad internacional siga poniendo sus ojos sobre Colombia”.

En su opinión, los logros que se consoliden en este sentido marcarían un precedente para proteger los derechos de estas poblaciones en Colombia y otras partes del mundo.

Avances y desafíos en la cuestión de género

En su último informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el Secretario General destacaba los avances que ha tenido el país para la implementación de políticas de igualdad de género.

Uno de los más significativos es la formulación del Plan de Acción Nacional con el que Colombia busca incorporar de manera efectiva, a nivel nacional y territorial, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, con la participación de las mujeres, para la garantía plena de sus derechos.

El plan es la respuesta de Colombia al reconocimiento del Consejo de Seguridad en el año 2000 del trato desigual y desproporcionado a las mujeres y niñas en los conflictos armados.

“Es muy positivo el hecho de que haya finalmente un Plan de Acción Nacional (…) como con la iniciativa de paz total [que promueve el actual Gobierno], y de seguir mandando un ejemplo al mundo de la importancia de la inclusión, de que estas disposiciones sean parte de la construcción de paz”, expresó recientemente Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación.

En Colombia, el diseño del Plan de Acción se desarrolló con la participación de más de 1500 mujeres de múltiples diversidades, que realizaron aportes para reconocer el enfoque de derechos de género, interseccional, étnico y antirracista.

“Este ha sido un proceso histórico que reconoce la lucha de los Movimientos Sociales de Mujeres en el país, les da voz y representatividad en la construcción de la paz y recoge sus ideas, visiones y aportes para transversalizar el enfoque de género en todas las acciones que aporten a la paz total”, explicó la Cancillería de Colombia.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, con el diseño del Plan de Acción Nacional, Colombia se convirtió en el décimo país de la región en trazar un plan de ruta para cumplir este mandato que ha sido adoptado por 107 naciones en todo el mundo.

Ruiz Massieu considera que es necesario complementar este progreso con las medidas contempladas en los acuerdos de paz con las FARC.

“Colombia fue y es un ejemplo en cuanto a elevar el estándar de las disposiciones de género en los acuerdos, pero aún estamos lejos en la implementación de las disposiciones. Se ha avanzado en algunas, pero se tienen que redoblar esfuerzos”, señala.

Por su parte, Sánchez, la defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, agrega que “Colombia, así como fue el ejemplo en incluir en los acuerdos dichas disposiciones, tiene la oportunidad de serlo con su implementación”.

El enfoque de género en los acuerdos de paz

La mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC reconoció que las consecuencias de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los Derechos Humanos son más graves cuando se cometen contra mujeres y niñas o contra la población LGBTIQ+.

El acuerdo de paz pactado en 2016 incluyó entonces una serie de acciones para asegurar el enfoque de género en cada uno de sus puntos, mientras que ONU Mujeres elaboró una publicación que recoge 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera.

La violencia contra la población LGBTIQ+ continúa

Según el registro de la Unidad para las Víctimas, de las 9,7 millones de víctimas del conflicto armado registradas en Colombia, 6200 corresponden a la población LGBTIQ+. En 2023, ocho defensores de derechos de esta comunidad fueron asesinados en diferentes circunstancias.

Uno de los casos recientes fue el de Aldinebin Ramos, cofundador de la Asociación LGBTIQ+ Chaparral Diversa, asesinado en su vivienda el 6 de febrero de 2024.

Colombia Diversa informó que Aldinebin es la tercera persona del grupo que representa esa organización fallecida después de la presentación de su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC para administrar la justicia transicional de los delitos del conflicto armado, cometidos antes del primero de diciembre de 2016.

“Él presentó su caso a la Jurisdicción en 2019 y desde entonces estuvo a la espera de participar, ser reconocido y reparado por la persecución que sufrió en razón de su orientación sexual. Murió esperando la acreditación en el macrocaso 11”, indicó Colombia Diversa.

En dicho macrocaso se investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.

“Es necesario recordar una vez más que las vidas LGBTIQ+ importan en una sociedad que pretende ser realmente democrática. Por eso es fundamental que las autoridades realicen una investigación de los hechos y garantizar condiciones de seguridad para las personas LGBTIQ+ que asumen roles de liderazgo en la región. El Estado colombiano está en deuda de incorporar enfoques diferenciales por identidad de género y orientación sexual en las medidas orientadas a prevenir, proteger y garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos”, enfatizó Colombia Diversa en un pronunciamiento público.

Marcela Sánchez insiste en que “el problema es que estos crímenes se siguen viendo como un tema menor, pero lo que hay que mirar es el contexto en el cual ocurren esos homicidios que es a población discriminada. Cada asesinato que no se investiga envía el mensaje de que sus vidas son prescindibles”.

Investigaciones

La Jurisdicción Especial para la Paz ha detallado que en el llamado macrocaso 11 “pone un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas de guerra que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”.

El mecanismo cuenta con un registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. De ellas, el 89,2% son mujeres y el 35 por ciento sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.

“En el macrocaso 11 seguimos esperando que se puedan acreditar las primeras víctimas a casi seis meses de haberse iniciado. No hay un caso fallado que hable de un grupo armado victimizó a tantas personas LGBTIQ+. La JEP tiene la oportunidad de hacerlo”, precisa Marcela Sánchez.

“Es un tema novedoso entender eso, que la discriminación es grave. Ya sabemos que a la gente LGBTIQ+ la desplazaron, la asesinaron, la torturaron, la sometieron a trabajos forzados y cometieron violencia sexual en su contra. ¿Pero cuál fue el pegamento que los unió? La discriminación”, concluye.

El periodo trazado para la implementación del acuerdo de paz sellado entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el último comandante de ese grupo armado ilegal, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es de 15 años. De ellos ya han transcurrido siete con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Este reportaje fue producido por Greace Vanegas para Noticias ONU.