COLOMBIA AVANZA HACIA SOLUCIONES DURADERAS PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
25 junio 2025
En la UN House en Bogotá se llevó a cabo el cierre de la primera fase del programa del Fondo de Soluciones para el Desplazamiento Interno (IDSF, por sus siglas en inglés), una iniciativa que entre febrero de 2024 y junio de 2025 movilizó a instituciones nacionales y territoriales, cooperación internacional, sociedad civil y, sobre todo, a las comunidades desplazadas, hacía la construcción de una agenda nacional de soluciones duraderas al desplazamiento forzado interno en Colombia.
El IDSF se consolidó como una plataforma de articulación y acción conjunta, haciendo un llamado urgente a sumar esfuerzos en favor de las más de 7 millones de personas desplazadas internas que requieren asistencia y reparación en el país, y ofrecerles respuestas efectivas en educación, medios de vida, legalización de asentamientos, mejoramiento integral de barrios y territorios afectados por el desplazamiento forzado.
Teniendo en cuenta los esfuerzos institucionales que se han hecho durante las últimas tres décadas para atender a la población desplazada, el IDSF aportó enfoques innovadores y participativos para generar resultados transformadores. Este programa conjunto contó con liderazgo técnico y estratégico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Habitat, y promovió la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales y agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Uno de los principales resultados del programa fue la formulación del borrador de documento CONPES de soluciones duraderas, una política pública construida de manera participativa que establece acciones concretas en vivienda, generación de ingresos, tierras y cohesión social. Esta política priorizará 275 municipios y se espera que en 10 años beneficie a más de 5 millones de personas desplazadas y sus comunidades de acogida.
El IDSF también impulsó la creación de un modelo de coordinación entre el nivel nacional y territorial, con intervenciones focalizadas en siete territorios urbanos y rurales, incluyendo ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Florencia. En cada uno de estos territorios, se estructuraron estrategias para mejorar las condiciones de vida de más de 13.000 hogares desplazados en situación de alta vulnerabilidad.
Otro avance clave es el desarrollo de herramientas innovadoras para medir el progreso hacia soluciones duraderas. Esto fortalece la capacidad del Estado para evaluar individualmente la situación de los hogares desplazados registrados en el Registro Único de Víctimas, y avanzar con criterios objetivos hacia el cierre de brechas y la focalización efectiva de políticas públicas.
En paralelo, se diseñó un modelo de financiamiento que actualiza el presupuesto nacional, mejora la eficiencia del gasto público e identifica nuevas fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad de las políticas de atención a víctimas.
La participación de gobiernos locales y comunidades, en coordinación con instituciones del nivel nacional, fue fundamental para orientar esta política pública. “La meta es clara: una agenda nacional, que supere el asistencialismo, trascienda los ciclos de gobierno y reconozca las personas desplazadas como protagonistas de su propio futuro. Pero el contexto no es fácil, la violencia persiste, los recursos escasean y con casi 7 millones de personas desplazadas que siguen esperando una solución real”, señaló Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Coordinadora Humanitaria.
Financiada por países como Suiza, Noruega, Alemania, Reino Unido y España, la primera fase del IDSF contó con la participación y compromiso activo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), así como al apoyo de aliados como el Banco Mundial, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS), la iniciativa IMPACT–REACH y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado (JDC).
Con estos avances, el IDSF deja una hoja de ruta clara para la política pública de soluciones duraderas al desplazamiento forzado interno. Este proceso convoca a la institucionalidad, la cooperación internacional y la sociedad civil a continuar trabajando de manera articulada y urgente para garantizar soluciones duraderas a las personas desplazadas internamente y sus comunidades de acogida.
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Daniel Salgar
Asociado de comunicaciones, ACNUR Colombia
salgaran@unhcr.org
Adriana Correa
Oficial de comunicaciones, OIM Colombia
adcorrea@iom.int
Carlos Rivera
Coordinador de comunicaciones, PNUD Colombia
carlos.rivera@undp.org
Andrés Nuñez
Punto focal de comunicaciones, ONU-Habitat
andres.nunezflorez@un.org