El Acuerdo sigue siendo una hoja de ruta vigente para consolidar la paz en Colombia

Bogotá. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2025, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó que el Acuerdo de Paz de 2016 continúa siendo una hoja de ruta vigente para consolidar la paz en Colombia: “El hecho de que problemas críticos sigan limitando los dividendos de la paz en regiones aún afectadas por el conflicto es un llamado a redoblar los esfuerzos para implementar el Acuerdo, particularmente las disposiciones que son de largo plazo y cuyo objetivo es superar los factores estructurales que han alimentado el conflicto”.

Para el Secretario General, los colombianos siguen trabajando con gran determinación para establecer una paz duradera tras décadas de conflicto armado y sus esfuerzos merecen el continuo y firme apoyo de la comunidad internacional. Al recordar que queda poco más de un año de mandato de la actual administración, resaltó que “este tiempo debe aprovecharse plenamente para impulsar la implementación”.

El Secretario General indicó que el periodo electoral que se avecina puede contribuir a exacerbar las divisiones políticas, pero confía en que el trabajo por la paz continúe avanzando con espíritu de cooperación en todo el espectro político. “Celebro que los líderes colombianos de todos los partidos se hayan unido para condenar enérgicamente la reciente violencia política. Eliminar la violencia de la política y promover la participación política inclusiva son objetivos centrales del Acuerdo”, enfatizó.

António Guterres se mostró profundamente preocupado por la persistente violencia que afecta a la población civil en varias regiones de Colombia, resaltando que las comunidades indígenas y afrocolombianas, los niños reclutados por los grupos armados, los excombatientes y los líderes sociales han sido especialmente afectados. “Hago un llamado a los grupos armados para que cesen todas las amenazas y la violencia contra la población civil. Así mismo, insto al Estado, en su conjunto, a que adopte las medidas adecuadas para reforzar la seguridad, combatir las economías ilegales, preservar la justicia y proteger a todas las comunidades afectadas”, insistió.

Durante el periodo, diez exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados, elevando a 470 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde su firma. Respecto a la situación de los líderes sociales y defensores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 34 denuncias de homicidio contra defensores de derechos humanos, en comparación con las 40 denuncias durante el periodo del informe anterior. ONU Derechos Humanos recibió 13 denuncias de masacres durante el período del informe, frente a 22 denuncias del trimestre anterior. Las cifras acumuladas del semestre sobre estos hechos muestran una disminución, en comparación con las 41 del último semestre de 2024.

En ese contexto, el Gobierno estableció por decreto el Programa de Protección Integral para excombatientes. Esto incluyó la formalización de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS), destinado a prevenir o resolver problemas relacionados con la seguridad, que reúne a representantes del Estado, de los excombatientes y de la Misión de Verificación.

Respecto a la situación de desplazamiento interno, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró, para el periodo de enero al 19 de junio de 2025, un total de 67.800 personas víctimas de desplazamiento forzado masivo, debido especialmente a los eventos ocurridos en el Catatumbo en enero, lo que representa un aumento de 107% frente al mismo periodo de 2024; y 98.700 víctimas de confinamiento (aumento del 5%).

En materia de reincorporación, el informe destaca avances importantes. El 95% de los 11.166 excombatientes activos en el proceso concluyó sus planes individuales de reincorporación. Alrededor del 30% de estos planes incluye formación en reincorporación política, lo que resalta la importancia que dan los excombatientes a su participación política como vía para contribuir a la construcción de paz y la democracia. El informe reconoce, igualmente, la instalación formal del Sistema Nacional de Reincorporación, que coordina más de 30 entidades con responsabilidades en el proceso.

Respecto a la reforma rural integral, el informe destaca la continuidad en los esfuerzos del Gobierno para facilitar la adjudicación y la formalización de tierra a campesinos, mujeres rurales y víctimas. Sin embargo, el ritmo y alcance de estas medidas se vieron afectados por restricciones financieras y riesgos para la seguridad de funcionarios en el terreno. Según el Ministerio de Agricultura, durante el periodo del informe se adjudicaron unas 40.000 hectáreas; alcanzando de manera acumulada el 7% del objetivo de 3 millones de hectáreas fijado en el Acuerdo. Por su parte, 86.000 hectáreas se formalizaron en el periodo, llegando así al 47% del objetivo de 7 millones de hectáreas del Acuerdo Final.

El Secretario General resaltó que las sanciones propias de la JEP, próximas a emitirse, representan un instrumento novedoso para impartir justicia en el contexto de la transición del conflicto a la paz, y resaltó que es esencial acelerar los preparativos para su implementación. “Confío en que todos los actores involucrados continúen desempeñando su papel, demostrando flexibilidad e innovación y asegurando los recursos necesarios para convertir estas sanciones en acciones restaurativas que sirvan a las víctimas y ayuden a fomentar la reconciliación. Insto a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial a que continúen sosteniendo sus compromisos con la paz y cumplan sus obligaciones ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana en general”, añadió.

Por otro lado, luego de diálogos con las organizaciones indígenas, el Gobierno promulgó decretos y lineamientos para hacer operativa su autonomía; un logro largamente esperado desde que se consagró formalmente en la Constitución de 1991. Los decretos y lineamientos facilitan la implementación del Capítulo Étnico, permitiendo la participación de las autoridades indígenas en asuntos como el catastro multipropósito y la jurisdicción especial indígena.

En referencia al Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, sigue pendiente la expedición del decreto que lo adopta oficialmente. Sin embargo, se destaca que la mesa interinstitucional aprobó su reglamento interno, plan de trabajo y plan estratégico.

Resaltando que, junto con una estrategia de seguridad sólida, el diálogo es clave para lograr la paz en Colombia, António Guterres puntualizó que este debe llevarse a cabo con aquellos actores armados que demuestren el compromiso necesario y debe centrarse en el bienestar de las poblaciones locales, así como en la consecución de resultados tangibles. 

Por último, el Secretario General resaltó que el apoyo internacional sigue siendo vital para este proceso de paz liderado por Colombia. Reconoció, así mismo, que el mandato y presencia en el terreno de la Misión de Verificación contribuye a fomentar la confianza entre antiguos adversarios, a poner de relieve los desafíos persistentes y a ayudar a encontrar soluciones.

El informe será presentado en Nueva York el 18 de julio por el sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

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Descargue aquí el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2025/419

Descargue aquí la Infografía - Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación S/2025/419