Bogotá. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2025, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó que el Acuerdo de Paz de 2016 continúa siendo una hoja de ruta vigente para consolidar la paz en Colombia: “El hecho de que problemas críticos sigan limitando los dividendos de la paz en regiones aún afectadas por el conflicto es un llamado a redoblar los esfuerzos para implementar el Acuerdo, particularmente las disposiciones que son de largo plazo y cuyo objetivo es superar los factores estructurales que han alimentado el conflicto”.Para el Secretario General, los colombianos siguen trabajando con gran determinación para establecer una paz duradera tras décadas de conflicto armado y sus esfuerzos merecen el continuo y firme apoyo de la comunidad internacional. Al recordar que queda poco más de un año de mandato de la actual administración, resaltó que “este tiempo debe aprovecharse plenamente para impulsar la implementación”.El Secretario General indicó que el periodo electoral que se avecina puede contribuir a exacerbar las divisiones políticas, pero confía en que el trabajo por la paz continúe avanzando con espíritu de cooperación en todo el espectro político. “Celebro que los líderes colombianos de todos los partidos se hayan unido para condenar enérgicamente la reciente violencia política. Eliminar la violencia de la política y promover la participación política inclusiva son objetivos centrales del Acuerdo”, enfatizó.António Guterres se mostró profundamente preocupado por la persistente violencia que afecta a la población civil en varias regiones de Colombia, resaltando que las comunidades indígenas y afrocolombianas, los niños reclutados por los grupos armados, los excombatientes y los líderes sociales han sido especialmente afectados. “Hago un llamado a los grupos armados para que cesen todas las amenazas y la violencia contra la población civil. Así mismo, insto al Estado, en su conjunto, a que adopte las medidas adecuadas para reforzar la seguridad, combatir las economías ilegales, preservar la justicia y proteger a todas las comunidades afectadas”, insistió.Durante el periodo, diez exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados, elevando a 470 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde su firma. Respecto a la situación de los líderes sociales y defensores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 34 denuncias de homicidio contra defensores de derechos humanos, en comparación con las 40 denuncias durante el periodo del informe anterior. ONU Derechos Humanos recibió 13 denuncias de masacres durante el período del informe, frente a 22 denuncias del trimestre anterior. Las cifras acumuladas del semestre sobre estos hechos muestran una disminución, en comparación con las 41 del último semestre de 2024.En ese contexto, el Gobierno estableció por decreto el Programa de Protección Integral para excombatientes. Esto incluyó la formalización de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS), destinado a prevenir o resolver problemas relacionados con la seguridad, que reúne a representantes del Estado, de los excombatientes y de la Misión de Verificación.Respecto a la situación de desplazamiento interno, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró, para el periodo de enero al 19 de junio de 2025, un total de 67.800 personas víctimas de desplazamiento forzado masivo, debido especialmente a los eventos ocurridos en el Catatumbo en enero, lo que representa un aumento de 107% frente al mismo periodo de 2024; y 98.700 víctimas de confinamiento (aumento del 5%).En materia de reincorporación, el informe destaca avances importantes. El 95% de los 11.166 excombatientes activos en el proceso concluyó sus planes individuales de reincorporación. Alrededor del 30% de estos planes incluye formación en reincorporación política, lo que resalta la importancia que dan los excombatientes a su participación política como vía para contribuir a la construcción de paz y la democracia. El informe reconoce, igualmente, la instalación formal del Sistema Nacional de Reincorporación, que coordina más de 30 entidades con responsabilidades en el proceso.Respecto a la reforma rural integral, el informe destaca la continuidad en los esfuerzos del Gobierno para facilitar la adjudicación y la formalización de tierra a campesinos, mujeres rurales y víctimas. Sin embargo, el ritmo y alcance de estas medidas se vieron afectados por restricciones financieras y riesgos para la seguridad de funcionarios en el terreno. Según el Ministerio de Agricultura, durante el periodo del informe se adjudicaron unas 40.000 hectáreas; alcanzando de manera acumulada el 7% del objetivo de 3 millones de hectáreas fijado en el Acuerdo. Por su parte, 86.000 hectáreas se formalizaron en el periodo, llegando así al 47% del objetivo de 7 millones de hectáreas del Acuerdo Final.El Secretario General resaltó que las sanciones propias de la JEP, próximas a emitirse, representan un instrumento novedoso para impartir justicia en el contexto de la transición del conflicto a la paz, y resaltó que es esencial acelerar los preparativos para su implementación. “Confío en que todos los actores involucrados continúen desempeñando su papel, demostrando flexibilidad e innovación y asegurando los recursos necesarios para convertir estas sanciones en acciones restaurativas que sirvan a las víctimas y ayuden a fomentar la reconciliación. Insto a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial a que continúen sosteniendo sus compromisos con la paz y cumplan sus obligaciones ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana en general”, añadió.Por otro lado, luego de diálogos con las organizaciones indígenas, el Gobierno promulgó decretos y lineamientos para hacer operativa su autonomía; un logro largamente esperado desde que se consagró formalmente en la Constitución de 1991. Los decretos y lineamientos facilitan la implementación del Capítulo Étnico, permitiendo la participación de las autoridades indígenas en asuntos como el catastro multipropósito y la jurisdicción especial indígena.En referencia al Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, sigue pendiente la expedición del decreto que lo adopta oficialmente. Sin embargo, se destaca que la mesa interinstitucional aprobó su reglamento interno, plan de trabajo y plan estratégico.Resaltando que, junto con una estrategia de seguridad sólida, el diálogo es clave para lograr la paz en Colombia, António Guterres puntualizó que este debe llevarse a cabo con aquellos actores armados que demuestren el compromiso necesario y debe centrarse en el bienestar de las poblaciones locales, así como en la consecución de resultados tangibles. Por último, el Secretario General resaltó que el apoyo internacional sigue siendo vital para este proceso de paz liderado por Colombia. Reconoció, así mismo, que el mandato y presencia en el terreno de la Misión de Verificación contribuye a fomentar la confianza entre antiguos adversarios, a poner de relieve los desafíos persistentes y a ayudar a encontrar soluciones.El informe será presentado en Nueva York el 18 de julio por el sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. ***Descargue aquí el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2025/419Descargue aquí la Infografía - Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación S/2025/419

Bogotá. En el marco del Día Mundial de la Población, el próximo 10 de julio de 2025, se llevará a cabo en Bogotá el Foro ¿Cuál es la verdadera crisis de la fecundidad en Colombia? Realidades, causas y desafíos, con el propósito de analizar, desde diversas perspectivas, la tendencia actual del descenso acelerado de la fecundidad y de sus implicaciones poblacionales, culturales, socioeconómicas, de políticas públicas, y en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el país.El evento liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA Colombia, reunirá a tomadores de decisiones, expertos y expertas de la academia y de la sociedad civil para analizar esta situación a partir de los datos más recientes a nivel global, regional y en Colombia.Cifras en Colombia:Según los informes de estadísticas vitales (EEVV) del DANE, Colombia ha mostrado un descenso progresivo de la fecundidad en las últimas décadas, con una aceleración en el descenso en los últimos años. Entre 2022 y 2023, el país tuvo una reducción de 10.1% en la cantidad de nacimientos (de 573,625 a 515,549) y de 10.9% en la fecundidad general (1). Sin embargo, esta no es una realidad homogénea para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país, ni en todos los territorios.Presentación del informe: Estado de la Población Mundial SWOP 2025Durante el foro, UNFPA presentará los resultados del informe global SWOP 2025 denominado "La verdadera crisis de la fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios”, un análisis que replantea la conversación global sobre la fecundidad desde un enfoque de derechos humanos y de género, una perspectiva basada en la autonomía corporal, la igualdad de género, y la autonomía de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre su fecundidad, familias y proyecto de vida.Contacto de prensa
Adriana Rodríguez Giraldo.
318 795 5445(1) Nacimientos en 2022 = 573,625 nacidos vivos; en 2023 = 515,549, es decir, 58,076 menos. Fecundidad general en 2022 = 41.9 nacimientos por mil mujeres entre 15 y 49 años (según proyecciones de población del DANE; en 2023 = 37.3.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 658 casos de graves violaciones de derechos humanos a la niñez en el marco del conflicto armado, entre los años 2022 y 2024; en el 48.3% de los casos las víctimas pertenecen a Pueblos Indígenas, y en el 39.7% son mujeres, en estos casos se incluyen 474 reclutamientos y/o utilización de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y 89 casos de violencias basada en género.
“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y/o utilización de niñas y niños menores de 18 años y exigimos a los grupos armados no estatales parar con este crimen. Observamos un recrudecimiento y la expansión territorial en las violencias contra niños y niñas por parte de estos grupos, debido al aumento de su presencia y por sus estrategias de control social y territorial”, dijo Scott Campbell.
En el primer trimestre de 2025, ONU Derechos Humanos recibió 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños y niñas, de las que verificó 51 casos (28 niños -incluyendo seis indígenas y tres afrodescendientes- y 23 niñas -incluyendo seis indígenas y una afrodescendiente-).
“El reclutamiento y/o utilización de la niñez provoca graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación. Recibimos reportes de castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras”, dijo Scott Campbell.Con relación a la información que ONU Derechos Humanos recibió sobre casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas a través de plataformas de redes sociales se verificaron casos en los que integrantes de grupos armados no estatales mantuvieron interacciones y conversaciones con niños y niñas, usando foros públicos de conversación y servicios de mensajería directa, que luego derivaron en su reclutamiento o utilización.
“A través de mensajes, engañan a las niñas, los niños y los adolescentes sobre las ventajas de unirse al grupo, y les informan sobre los detalles logísticos de su entrada a la organización”, explicó Scott Campbell.
ONU Derechos Humanos observa que, en redes sociales, en algunas cuentas, miembros de grupos armados no estatales hacen apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilícitas. Para ello, desarrollan contenidos en los que utilizan canciones de autoría propia en las que se nombra directamente a los grupos armados no estatales o sus frentes, así como canciones comerciales con contenido alusivo al uso de armas y a economías ilegales.
“Los grupos ilegales utilizan las redes sociales para atraer personas, inclusive niñas y niños, y así potenciar la violencia y el narcotráfico”, dijo Scott Campbell.
La Oficina ha observado publicaciones con contenido explícito de armamento y símbolos distintivos de los grupos armados no estatales, combates, enfrentamientos y otras dinámicas del conflicto. En la plataforma Facebook se han encontrado imágenes y videos de niños con uniformes, portando y haciendo uso de armas de fuego. El hecho de que niños y niñas aparezcan en estos videos genera riesgos de estigmatización y revictimización, lo que dificulta su proceso de restablecimiento de derechos y de reintegración a la vida comunitaria.
“Nos hemos reunido en varias oportunidades con Meta y TikTok e hicimos énfasis en su deber de respetar los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, particularmente, teniendo en cuenta cómo los servicios ofrecidos en sus plataformas para la generación de contenidos y la mensajería directa pueden causar graves impactos sobre los derechos humanos de los niños y las niñas en el contexto del conflicto armado en Colombia”, dijo Scott Campbell.
Para la Oficina de ONU Derechos Humanos la situación del uso de las redes para el reclutamiento exige, desde la perspectiva de la diligencia debida en derechos humanos, la identificación de riesgos específicos para la niñez, tomando en consideración los impactos diferenciales que el reclutamiento y la utilización de niñez afrodescendiente e indígena puede tener en las comunidades y pueblos a los que pertenecen, varios en grave peligro de extinción.

Asimismo, requiere por parte de las empresas del desarrollo de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos, y de reparación de los impactos de sus operaciones empresariales, incluyendo consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas -como titulares de derechos, instituciones públicas, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros-.
La primera responsabilidad de la garantía y la protección de los derechos de la niñez es del Estado por esta razón, la Oficina de ONU Derechos Humanos insta al Estado colombiano a tomar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias, para garantizar que todos los actores empresariales cumplan con su deber de respetar los derechos de niños y niñas.
Es fundamental contar con mecanismos judiciales adecuados para asegurar la rendición de cuentas de las empresas, la responsabilidad jurídica y el acceso a una reparación efectiva de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales.
“El Estado tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños del horrible crimen del reclutamiento o utilización que destruye la vida de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y el futuro de varias de las próximas generaciones de colombianos y colombianas”, dijo Scott Campbell.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos urge al Estado a tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos de los niños y niñas, atendiendo de manera prioritaria las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad en niños y niñas, y asegurando la reparación y el rápido restablecimiento de derechos de la niñez víctima del conflicto armado.
Finalmente, la Oficina urge al Estado incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de la violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años, así como la liberación inmediata e incondicional de los niños y niñas que estén en los grupos armados no estatales.
FIN.
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Diana Losada diana.losadacastano@un.orgAcceda aquí a la nota ilustrada. 

El Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, visitará Bogotá el 26 de junio en el marco de una gira en Latinoamérica (del 23 al 27 de junio – con paradas en México, Guatemala, Panamá y Brasil), para lanzar la campaña mundial de comunicación de la ONU #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad, en asociación con JCDecaux. Durante su visita, se reunirá con altos funcionarios gubernamentales, representantes de la comunidad internacional, líderes del sector público y privado, y representantes de la sociedad civil para promover iniciativas de seguridad vial y abogar por medidas reforzadas.Esta misión está alineada con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que busca reducir a la mitad las muertes por siniestros viales para 2030. Se produce tras la adopción de una nueva resolución de la ONU sobre seguridad vial en la 4ª Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial celebrada en Marrakech, Marruecos, a principios de este año (18-19 de febrero).“Cada año perdemos 1.19 millones de vidas en las carreteras del mundo, lo que equivale a la población total de una ciudad como Barranquilla. Es una locura, porque sabemos cómo detener esta carnicería. Con esta campaña hacemos un llamado urgente a la acción para garantizar carreteras seguras para todos, en todo el continente”, declaró Jean Todt, Enviado Especial de la ONU para la Seguridad Vial.Jean-Charles Decaux, Codirector General de JCDecaux, declaró: “En JCDecaux estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas, sin importar dónde vivan, trabajen o viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que respondan a las expectativas de las ciudades y sus ciudadanos. Esta misión es el eje central de nuestra labor, y por ello nos sentimos orgullosos de colaborar con las Naciones Unidas y con Jean Todt, enviado Especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial, para difundir esta campaña de seguridad vial a través de nuestra red global de medios. Tras su exitosa implementación en más de 50 países desde septiembre de 2023, el lanzamiento de la campaña en América Latina representa un acontecimiento importante, ya que fortalece los esfuerzos locales en materia de seguridad vial y refuerza la conciencia pública. Gracias a nuestros medios de comunicación de alto impacto y orientados al servicio, podemos transmitir mensajes preventivos esenciales en ubicaciones estratégicas, fomentar comportamientos responsables y movilizar a todos nuestro público en torno a esta causa tan relevante. El enfoque positivo de la campaña, respaldado por celebridades internacionales, contribuye a inspirar una nueva visión del espacio público: más seguro, inclusivo y armonioso para todos.” 

Una pandemia silenciosaLos siniestros viales cobraron más de 145,000 vidas en las Américas en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que representa el 12% de las muertes viales globales ese año. Estos siniestros siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, imponiendo una carga social y económica significativa. Según el Banco Mundial, el costo de los siniestros viales representa entre el 3% y el 6% del PIB en la región.En 2022, murieron 8,146 personas en siniestros viales en Colombia, un aumento del 24% respecto al promedio 2017–2019. El incremento se relaciona con el aumento de motocicletas (+100%) y automóviles (+58%) entre 2010 y 2022. Los motociclistas representaron el 60% de las víctimas y los peatones el 21%. La tasa de mortalidad es de 16 por cada 100,000 habitantes (OMS), con un impacto económico estimado del 3% del PIB.A través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el gobierno ha trabajado con ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para implementar planes urbanos de seguridad, incluyendo transporte público (buses exprés y teleféricos), infraestructura peatonal, intersecciones más seguras y zonas de control de velocidad.La nueva estrategia nacional de seguridad vial (2022–2031) adoptó oficialmente el enfoque de sistema seguro. Colombia ejecuta tres proyectos del Fondo de la ONU para la Seguridad Vial centrados en: fortalecimiento institucional, planificación de movilidad urbana sostenible y campañas de concienciación.
 Existen solucionesLa buena noticia es que existen soluciones. Reforzar la aplicación de la ley, invertir en educación y transporte público, mejorar la infraestructura vial y la seguridad de los vehículos, desarrollar ciclovías y caminos peatonales —especialmente alrededor de escuelas— y mejorar la atención médica post siniestro son parte de un sistema de movilidad seguro y eficiente. Además, movilizar el liderazgo político es clave para aumentar la financiación y la acción.Un informe de 2019 encargado por Bloomberg Philanthropies reveló que más de 25,000 vidas podrían salvarse y más de 170,000 lesiones graves podrían prevenirse para 2030 si se aplicaran las regulaciones de seguridad vehicular de la ONU en cuatro países clave de la región: Argentina, Chile, México y Brasil.

Campaña #HazUnaDeclaraciónDeSeguridadLa campaña mundial #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad busca promover la seguridad vial y crear calles seguras, inclusivas y sostenibles en todo el mundo.Celebridades que encabezan la campaña en América Latina incluyen al futbolista Ousmane Dembélé, el piloto de F1 Charles Leclerc, el tenista Novak Djokovic, la cantante Kylie Minogue, el motociclista Marc Márquez, la supermodelo Naomi Campbell y los actores Patrick Dempsey y Michael Fassbender.Gracias al apoyo del Comité Olímpico Internacional, campeones olímpicos latinoamericanos de 2024 como Juan-Manuel Celaya (México, plata en clavados), Adriana Ruano (Guatemala, oro en tiro), Atheyna Bylon (Panamá, plata en boxeo), Ángel Barajas (Colombia, plata en gimnasia) y Rebeca Andrade (Brasil, oro en gimnasia artística) se han unido a la iniciativa.Acerca del enviado especial  El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró en 2015 a Jean Todt como su enviado especial para la seguridad vial. Fue reconfirmado en esta función por António Guterres, en 2017 y en 2021. En 2018, junto con 14 organizaciones de las Naciones Unidas, el enviado especial puso en marcha el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF). El enviado especial contribuye, entre otras cosas, a movilizar un compromiso político sostenido para hacer de la seguridad vial una prioridad; a defender y dar a conocer los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre seguridad vial; a compartir las buenas prácticas establecidas en este ámbito; a esforzarse por generar una financiación adecuada a través de asociaciones estratégicas entre los sectores públicos, privados y no gubernamentales. Folleto del Enviado Especial y cuenta de Twitter.  Acerca de UNECE  La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) es el custodio de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en materia de seguridad vial, aplicables en todo el mundo, que ofrecen a los países una base para legislar con el fin de aumentar la seguridad de las carreteras, los vehículos y el tráfico.     Alberga el único foro intergubernamental permanente de las Naciones Unidas sobre seguridad vial (Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial) y el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos. La CEPE también alberga las secretarías del enviado especial para la seguridad vial y del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Acerca de JCDecaux  JCDecaux - empresa familiar francesa fundada en 1964 y número 1 mundial de la comunicación exterior - se compromete a mejorar la calidad de vida de las personas allí donde vivan, trabajen y viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que responden a las expectativas de los ciudadanos y financiados por las marcas y su publicidad. Presente en más de 80 países, JCDecaux es la única empresa del mundo que opera exclusivamente en el sector de la publicidad exterior y desarrolla todas sus actividades: mobiliario urbano, publicidad en los transportes y gran formato. Desde hace casi 60 años, los productos y servicios que JCDecaux ofrece a las ciudades se consideran la referencia en cuanto a calidad, estética y funcionalidad. Como medio de comunicación sostenible en contacto con más de 850 millones de personas cada día y fiel a su misión de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, JCDecaux potencia y promueve la publicidad exterior responsable y sitúa la calidad social y medioambiental en el centro de sus soluciones y de su negocio. Desde 2023, JCDecaux es socio oficial del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS y apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo su grupo.--------