Últimas novedades
Historia
26 abril 2024
Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres visita por primera vez Colombia
Leer más
Historia
23 abril 2024
Unidos por el español: Celebrando la diversidad lingüística
Leer más
Comunicado de prensa
16 abril 2024
Países llaman a revitalizar el compromiso con la Agenda 2030 y propiciar políticas y acciones renovadas y audaces para acelerar el cumplimiento de los ODS
Leer más
Últimas novedades
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia
Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, y la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir cada uno de estos objetivos al 2030. Si desea conocer más sobre los avances en cada tema, ingrese a cada Objetivo:
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.
Publicación
17 abril 2024
Informe Anual 2023 de UNMAS en Colombia
Colombia cerró el año 2023, por tercer año consecutivo, con una reducción en el número de accidentes y de víctimas de minas antipersonal, según las estadísticas oficiales del Gobierno de Colombia, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Esta debería ser una señal de optimismo para toda la sociedad colombiana, pero no es así.
Al escudriñar a fondo nos encontramos con otras estadísticas que nos muestran que la problemática de contaminación con Artefactos Explosivos (AE) está lejos de disiparse. Los eventos con AE en 2023 se duplicaron, pasando de 489 eventos en 2022, a 942 eventos el año pasado. El 85% de estos eventos fueron
operaciones de desminado militar, lo que indicaría un mayor uso de AE por parte de los Grupos Armados No Estatales (GANE), artefactos que afortunadamente están siendo neutralizados por las Fuerzas Militares sin generar víctimas.
Aunque la cifra de víctimas se ha reducido, otro indicador de que la presencia de Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar (MAP/MSE) no ha cesado son las cifras de víctimas de confinamientos y desplazamientos forzados por la presencia de AE en los territorios.Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Colombia, durante 2023 más de 14.700 personas fueron desplazadas o confinadas específicamente por el uso, instalación y presencia de AE. En el caso de los confinamientos, se reportaron más de 7.800 personas afectadas, un incremento del 27% con respecto al año anterior.
Ante estas nuevas dinámicas del conflicto, el AdR AcM proyectó para 2024 un aumento del 17% en el número de Personas en Necesidad de asistencia
humanitaria debido al uso e instalación de AE, incluso en zonas donde se han decretado ceses al fuego bilaterales con el Estado colombiano, pero que no son vigentes entre GANEs. Es por eso, que resulta clave elevar la petición para que estas armas no se sigan utilizando. Es necesaria la inclusión de la acción contra minas en los diálogos de paz.
Desde UNMAS Colombia hacemos un llamado para que la acción integral contra minas antipersonal (AICMA) sea incluida en los acuerdos de cese al fuego con los GANE, en particular la suspensión de instalación de nuevas MAP, la entrega de información sobre campos minados y en lo posible, la implementación de
proyectos piloto de desminado humanitario.
Muchos se preguntarán: ¿hacia dónde va la acción contra minas? Aunque el panorama se vea poco optimista, el sector de la AICMA sigue trabajando para mitigar y reducir la amenaza que representan las MAP/MSE y otros AE improvisados. En 2023, las siete organizaciones de desminado humanitario acreditadas en el país
descontaminaron casi dos millones de metros cuadrados de territorio, logrando que el 81% del territorio nacional ya esté declarado libre de minas antipersonal; miles de personas recibieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas y se avanzó en la atención a las víctimas de minas antipersonal.
No hay espacio para la desesperanza. En conjunto tenemos que seguir trabajando hasta que llegue el momento en que ningún GANE crea que instalar una MAP es una buena idea. Para lograrlo hay que seguir invirtiendo en la acción contra minas, porque es invertir en el futuro de Colombia.
Al escudriñar a fondo nos encontramos con otras estadísticas que nos muestran que la problemática de contaminación con Artefactos Explosivos (AE) está lejos de disiparse. Los eventos con AE en 2023 se duplicaron, pasando de 489 eventos en 2022, a 942 eventos el año pasado. El 85% de estos eventos fueron
operaciones de desminado militar, lo que indicaría un mayor uso de AE por parte de los Grupos Armados No Estatales (GANE), artefactos que afortunadamente están siendo neutralizados por las Fuerzas Militares sin generar víctimas.
Aunque la cifra de víctimas se ha reducido, otro indicador de que la presencia de Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar (MAP/MSE) no ha cesado son las cifras de víctimas de confinamientos y desplazamientos forzados por la presencia de AE en los territorios.Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Colombia, durante 2023 más de 14.700 personas fueron desplazadas o confinadas específicamente por el uso, instalación y presencia de AE. En el caso de los confinamientos, se reportaron más de 7.800 personas afectadas, un incremento del 27% con respecto al año anterior.
Ante estas nuevas dinámicas del conflicto, el AdR AcM proyectó para 2024 un aumento del 17% en el número de Personas en Necesidad de asistencia
humanitaria debido al uso e instalación de AE, incluso en zonas donde se han decretado ceses al fuego bilaterales con el Estado colombiano, pero que no son vigentes entre GANEs. Es por eso, que resulta clave elevar la petición para que estas armas no se sigan utilizando. Es necesaria la inclusión de la acción contra minas en los diálogos de paz.
Desde UNMAS Colombia hacemos un llamado para que la acción integral contra minas antipersonal (AICMA) sea incluida en los acuerdos de cese al fuego con los GANE, en particular la suspensión de instalación de nuevas MAP, la entrega de información sobre campos minados y en lo posible, la implementación de
proyectos piloto de desminado humanitario.
Muchos se preguntarán: ¿hacia dónde va la acción contra minas? Aunque el panorama se vea poco optimista, el sector de la AICMA sigue trabajando para mitigar y reducir la amenaza que representan las MAP/MSE y otros AE improvisados. En 2023, las siete organizaciones de desminado humanitario acreditadas en el país
descontaminaron casi dos millones de metros cuadrados de territorio, logrando que el 81% del territorio nacional ya esté declarado libre de minas antipersonal; miles de personas recibieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas y se avanzó en la atención a las víctimas de minas antipersonal.
No hay espacio para la desesperanza. En conjunto tenemos que seguir trabajando hasta que llegue el momento en que ningún GANE crea que instalar una MAP es una buena idea. Para lograrlo hay que seguir invirtiendo en la acción contra minas, porque es invertir en el futuro de Colombia.
1 / 5
Historia
26 febrero 2024
Un testimonio de resiliencia y crecimiento gracias a la inclusión financiera
Allí pudo conocer más de cerca cómo la CFA Cooperativa Financiera está ayudando a ampliar los servicios financieros a los grupos carentes de servicios. Para conocer mejor su labor, la UNSGSA se reunió con los empresarios locales y esposos Alexander y Diana Cristina, cuyo pequeño negocio de fabricación de ropa de cama y textiles es un testimonio de resiliencia y crecimiento. Sin historial crediticio y enfrentados a la dura realidad de la pandemia, sus sueños empresariales se mantuvieron vivos gracias al apoyo de la CFA. Sin dejarse disuadir por las barreras bancarias tradicionales, la CFA ayudó a Alexander y Diana Cristina a convertir el reto en oportunidad. Con un primer préstamo de 30 millones de pesos colombianos y un préstamo posterior de 60 millones de pesos colombianos, la pareja convirtió un pequeño taller en un próspero centro de empleo y actividad económica local. Ahora, al frente de un equipo de ocho miembros, su éxito en el concurrido mercado de "El Hueco" de Medellín es un ejemplo que demuestra el poder de la comunidad, la cooperación y las finanzas inclusivas.Las iniciativas de la CFA resuenan profundamente en Colombia, donde las cooperativas son fundamentales para apoyar la vitalidad económica de la nación. A pesar de tener una cuota de mercado modesta en comparación con los bancos, las actividades financieras van en aumento, lo que fomenta un sector cooperativo más integrado y tecnológicamente avanzado.
1 / 5
Historia
17 abril 2024
Premio Nansen impulsa el empoderamiento de las mujeres en la costa pacífica de Colombia
La iniciativa “Mujeres indígenas y afrocolombianas construyendo Paz” reúne a 30 lideresas de la región, bajo el liderazgo de Elizabeth Moreno Barco, ganadora del Premio Nansen para las Américas de ACNUR.El Premio Nansen, creado por la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) para honrar individuos u organizaciones, quienes de manera extraordinaria protegen y asisten a personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, va a fomentar la defensa de los derechos de mujeres víctimas del conflicto armado en la costa pacífica de Colombia.Bajo el liderazgo de Elizabeth Moreno Barco, emblemática defensora de derechos humanos, autoridad afrocolombiana y ganadora del Premio Nansen 2023 para las Américas, fue lanzado hoy el proyecto “Mujeres Indígenas y Afrocolombianas Construyendo Paz”, una escuela itinerante que promoverá el diálogo de saberes y el intercambio de experiencias en cinco municipios de la subregión del San Juan, en el departamento del Chocó. El proyecto tiene un enfoque étnico y territorial, y contará con la participación de 30 mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Cada una de estas lideresas replicará actividades en su comunidad, beneficiando mujeres para fortalecer la gobernanza territorial, la participación en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas.En el Chocó, así como en toda la región del Pacífico colombiano, comunidades afrocolombianas e indígenas, especialmente mujeres y niñas, son desproporcionalmente afectadas por la persistencia del desplazamiento forzado y el confinamiento. Los departamentos ubicados en esta región concentran la mayor parte de las emergencias por desplazamiento forzado en el país, y solo el departamento del Chocó concentra el 64% de los confinamientos a nivel nacional. Mientras las personas desplazadas se ven forzadas a abandonar sus hogares y dejarlo todo, las personas confinadas ven restringida su movilidad, su acceso a bienes, derechos, servicios y medios de vida.Los fondos recibidos del Premio Nansen permitirán que, a partir del evento realizado hoy en Quibdó, se realicen diversos encuentros de formación en la subregión del San Juan, con el propósito de beneficiar a al menos 300 mujeres afrocolombianas e indígenas. Esta iniciativa es posible gracias a la contribución del Reino de Noruega y la Confederación Suiza, financiadores del Premio Nansen para Refugiados.Elizabeth Moreno Barco, quien es coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), dijo que el proyecto busca que “por fin se cierren las brechas de desigualdad de género y se fortalezca la prevención de la violencia basada en género en el ámbito comunitario, desde lo rural hasta lo urbano”.“Estamos aquí porque las mujeres podemos transformar las estructuras, las políticas y estereotipos que condicionan nuestras dinámicas sociales y nuestra vida familiar, comunitaria y organizativa. Buscamos que las mujeres ejerzan liderazgos diversos para defender sus derechos, impulsar procesos en sus comunidades, incidir en políticas públicas”, añadió Moreno.Presente en el lanzamiento del proyecto, la Representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard, señaló que “iniciativas como estas apuntan a un impacto transformador con respecto al empoderamiento de las mujeres, la prevención de la violencia basada en género y el fortalecimiento de un trabajo comunitario que nace de las víctimas, de sus territorios, sus conocimientos, sus proyectos de vida y sus liderazgos”.“Trabajar con y por las personas desplazadas y confinadas, conocer y entender las necesidades que persisten en sus comunidades, ha sido fundamental durante las últimas décadas y es un tema prioritario para este 2024 en Colombia, donde hay al menos 6,9 millones de víctimas con necesidades de acceso a soluciones. El desplazamiento y confinamiento no son asuntos del pasado, sino que persisten hoy, afectando particularmente a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y mujeres. En el Pacífico, vemos cómo esas mujeres y comunidades son particularmente expuestas y necesitan superar esta situación”, agregó la Representante de ACNUR en Colombia.El próximo 25 de abril, en la ciudad de Medellín, se realizará un segundo evento en el marco del Premio Nansen Américas 2023, para reconocer a la galardonada de este año e inaugurar la exposición “Confluir: del desarraigo al liderazgo de mujeres que construyen paz y memoria”, organizado por ACNUR junto con el Museo Casa de la Memoria y la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.
1 / 5
Publicación
17 enero 2024
Lecciones desde La Mojana: Transformación de la Acción Humanitaria
El desarrollo de la iniciativa piloto Flagship se presenta como una valiosa oportunidad para que la comunidad humanitaria colabore estrechamente con las comunidades. Los días 7 y 8 de noviembre, junto al equipo de OCHA visitamos la región de La Mojana, un área que durante los dos últimos años ha sido golpeada por inundaciones constantes atribuidas al cambio climático. Durante nuestra visita, dedicamos tiempo a escuchar a las comunidades, buscando comprender sus prioridades, apuestas y experiencias en colaboración con la comunidad humanitaria. Estas interacciones han facilitado el diseño de estrategias que contribuyan a sus procesos comunitarios y de resiliencia.
Sincelejito (Majagual), es un corregimiento que se ha convertido en el epicentro de un proceso liderado por las mismas comunidades materializado en la Alianza Común La Mojana. Este grupo reúne a más de 300 juntas de acción comunal de los municipios de la región y ha recogido las voces de jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores. Dirigido por dos docentes, ahora funge como interlocutor entre las comunidades y organismos institucionales, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo de Adaptación, el Ministerio de Educación y el de Vivienda, entre otros.
En medio de la situación, la alianza ha surgido como un medio para propiciar el diálogo colectivo sobre las situaciones a las que deben enfrentarse en comunidad asegurando que cada voz sea escuchada.
Un ejemplo de esto fueron los diálogos de reconciliación, un ejercicio de escucha entre los habitantes respaldado y acompañado por OCHA, que buscó llegar a acuerdos y construir un discurso común. Más allá de cerrar brechas, las comunidades también aspiran a no seguir experimentando hambre, que los niños y adolescentes puedan asistir a la escuela, que los jóvenes no abandonen el trabajo en el campo y que puedan acceder a educación superior, además de mejorar las vías para comercializar sus productos. Temas como la alimentación, la adaptación de cultivos, la preservación de semillas, el cuidado de animales, la educación y la salud cobraron importancia en el espacio de la alianza. Las diferencias se diluyeron, y la palabra reconciliación adquirió, después de los diálogos, un nuevo significado, permitiendo la comprensión mutua y la colaboración hacia metas comunes.
El ejemplo de las mujeres resulta especialmente significativo. Para ellas, participar en el proyecto liderado por la FAO para la recuperación de medios de vida ha transformado sus rutinas y propiciado la unión. El acompañamiento técnico, las capacitaciones y encuentros les han permitido crear nuevas oportunidades de negocio y posibilidades que antes no contemplaban; desean asociarse, buscar otros proyectos para participar y comercializar sus productos en comunidades vecinas.
El trabajo en curso revela transiciones y capacidades que se han integrado en los discursos y acciones de las comunidades. Manifiestan el deseo de recibir más que simples kits de asistencia y buscan un acompañamiento en la elaboración conjunta de documentos y productos de información con los cuales puedan abogar por cambios. Esta iniciativa, respaldada por OCHA, ha llevado al reconocimiento por parte del Gobierno de la alianza como un interlocutor clave en el territorio.
Sincelejito (Ayapel), ha sido un corregimiento prioritario para Equipo Local de Coordinación (ELC) en 2021 y 2022 en la asistencia humanitaria por inundación. Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias CERF, la agencia UNICEF y socios implementadores como la Fundación Sahed, Acción contra el Hambre y World Vision trabajaron con la comunidad en un proyecto de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés). Durante la visita, la comunidad presentó los lavamanos construidos por ellos mismos, utilizando materiales locales como totumo, madera, plantas y plástico reciclado.
Este proceso refleja una adaptación de la información y el apoyo recibidos por parte de la comunidad humanitaria a sus prácticas culturales. Durante la visita, escuchamos a la comunidad hablar sobre cómo las inundaciones han impactado sus dinámicas de vida, tanto durante el Fenómeno de El Niño como durante el de La Niña. Esto los ha llevado a implementar estrategias de adaptación colectiva, incluyendo la recolección, tratamiento y almacenamiento seguro del agua.
La iniciativa Flagship, que busca transformar cómo opera la acción humanitaria, continúa escuchando los enfoques y prioridades de las comunidades, y comprendiendo las dinámicas de los territorios para ejercer la acción humanitaria con mayor responsabilidad y cercanía. En 2024, OCHA persistirá en la transformación de su modelo basándose en lecciones aprendidas y acciones orientadas a la construcción conjunta de soluciones sostenibles a lo largo del tiempo, mejorando así la vida de las personas y haciéndola más digna.
Sincelejito (Majagual), es un corregimiento que se ha convertido en el epicentro de un proceso liderado por las mismas comunidades materializado en la Alianza Común La Mojana. Este grupo reúne a más de 300 juntas de acción comunal de los municipios de la región y ha recogido las voces de jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores. Dirigido por dos docentes, ahora funge como interlocutor entre las comunidades y organismos institucionales, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo de Adaptación, el Ministerio de Educación y el de Vivienda, entre otros.
En medio de la situación, la alianza ha surgido como un medio para propiciar el diálogo colectivo sobre las situaciones a las que deben enfrentarse en comunidad asegurando que cada voz sea escuchada.
Un ejemplo de esto fueron los diálogos de reconciliación, un ejercicio de escucha entre los habitantes respaldado y acompañado por OCHA, que buscó llegar a acuerdos y construir un discurso común. Más allá de cerrar brechas, las comunidades también aspiran a no seguir experimentando hambre, que los niños y adolescentes puedan asistir a la escuela, que los jóvenes no abandonen el trabajo en el campo y que puedan acceder a educación superior, además de mejorar las vías para comercializar sus productos. Temas como la alimentación, la adaptación de cultivos, la preservación de semillas, el cuidado de animales, la educación y la salud cobraron importancia en el espacio de la alianza. Las diferencias se diluyeron, y la palabra reconciliación adquirió, después de los diálogos, un nuevo significado, permitiendo la comprensión mutua y la colaboración hacia metas comunes.
El ejemplo de las mujeres resulta especialmente significativo. Para ellas, participar en el proyecto liderado por la FAO para la recuperación de medios de vida ha transformado sus rutinas y propiciado la unión. El acompañamiento técnico, las capacitaciones y encuentros les han permitido crear nuevas oportunidades de negocio y posibilidades que antes no contemplaban; desean asociarse, buscar otros proyectos para participar y comercializar sus productos en comunidades vecinas.
El trabajo en curso revela transiciones y capacidades que se han integrado en los discursos y acciones de las comunidades. Manifiestan el deseo de recibir más que simples kits de asistencia y buscan un acompañamiento en la elaboración conjunta de documentos y productos de información con los cuales puedan abogar por cambios. Esta iniciativa, respaldada por OCHA, ha llevado al reconocimiento por parte del Gobierno de la alianza como un interlocutor clave en el territorio.
Sincelejito (Ayapel), ha sido un corregimiento prioritario para Equipo Local de Coordinación (ELC) en 2021 y 2022 en la asistencia humanitaria por inundación. Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias CERF, la agencia UNICEF y socios implementadores como la Fundación Sahed, Acción contra el Hambre y World Vision trabajaron con la comunidad en un proyecto de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés). Durante la visita, la comunidad presentó los lavamanos construidos por ellos mismos, utilizando materiales locales como totumo, madera, plantas y plástico reciclado.
Este proceso refleja una adaptación de la información y el apoyo recibidos por parte de la comunidad humanitaria a sus prácticas culturales. Durante la visita, escuchamos a la comunidad hablar sobre cómo las inundaciones han impactado sus dinámicas de vida, tanto durante el Fenómeno de El Niño como durante el de La Niña. Esto los ha llevado a implementar estrategias de adaptación colectiva, incluyendo la recolección, tratamiento y almacenamiento seguro del agua.
La iniciativa Flagship, que busca transformar cómo opera la acción humanitaria, continúa escuchando los enfoques y prioridades de las comunidades, y comprendiendo las dinámicas de los territorios para ejercer la acción humanitaria con mayor responsabilidad y cercanía. En 2024, OCHA persistirá en la transformación de su modelo basándose en lecciones aprendidas y acciones orientadas a la construcción conjunta de soluciones sostenibles a lo largo del tiempo, mejorando así la vida de las personas y haciéndola más digna.
1 / 5
Publicación
14 diciembre 2023
Acceso, tenencia y gobernanza de la tierra, claves para el desarrollo del campo colombiano
Colombia, un país donde la geografía, el conflicto y la desigualdad se manifiestan en la distribución de la tierra, se encuentra ante el desafío de saldar deudas históricas para lograr la equidad y reducir la pobreza rural. Según el informe de pobreza multidimensional del DANE en 2022, la pobreza rural alcanzó el 27,3 %, en comparación con el 8,7 % en áreas urbanas; mientras que la pobreza monetaria se sitúo en un 45,9 %.
A pesar de los avances dados en los últimos tiempos, es necesario dar continuidad a los procesos de formalización y regularización de la tenencia de tierras, así como la instauración de prácticas efectivas de gobernanza, fundamentales para fortalecer la economía rural y la seguridad alimentaria.
En este contexto, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en el marco de la Reforma Agraria, con la que se busca garantizar el acceso a la justicia en zonas rurales, así como la protección del campesinado, las víctimas del conflicto armado y grupos étnicos, es uno de los avances más recientes y significativos para el país.
Resolver la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra, que supera el 50% según datos de la UPRA en 2019, y abordar los cerca de 37 mil procesos agrarios pendientes que buscan clarificar la propiedad de la tierra, así como una variedad de conflictos por uso y tenencia, son algunas de las tareas que el país asume con la creación de esta instancia.
A lo anterior se suma la alta desigualdad en la distribución de la tierra, sobre lo que el IGAC y el DANE reportan que las grandes fincas de más de 200 hectáreas, que suman el 43,9 % de la tierra en el país, está en manos solo de un 1,6 % de los propietarios.
En respuesta a los actuales desafíos en materia de tenencia y gobernanza de la tierra, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha venido trabajando en la construcción de diferentes metodologías y herramientas. Estos esfuerzos se han consolidado en una publicación denominada: Variables Sociales como Medio Probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria.
Esta publicación representa el trabajo de más de 5 años acompañando procesos agrarios y diferentes problemáticas en las regiones, apoyando informes especializados de la Corte Constitucional, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras; explica Alejandra Vega, especialista senior del área de tenencia y gobernanza de la tierra de la FAO en Colombia.
Por su parte, Johana Delgado, viceministra de promoción de la justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, destaca la importancia de este tipo de herramientas que facilitan el proceso de reconocimiento en la tenencia de la tierra de cara a la Jurisdicción Agraria y Rural; así como el diseño de un modelo de formación de jueces agrarios, aspecto clave para el proceso.
Y es que la investigación cualitativa y técnica, así como la participación y la posibilidad de incluir un universo probatorio más allá del tradicional, en el que se encuentran elementos ligados a la cultura y la vida en la ruralidad, muestra otras formas de prueba. Esta es una oportunidad que trae la Jurisdicción Agraria y Rural, y que se refleja en la publicación presentada.
El caso de Arroyo Grande, del conflicto a la resolución en la tenencia de tierras
Arroyo Grande, un corregimiento de Cartagena donde sus habitantes viven de la agricultura de subsistencia, la ganadería, la pesca artesanal y actividades informales relacionadas con el turismo, ha sido testigo de una historia rica y compleja.
El origen de Arroyo Grande se remonta al siglo XIX, cuando los pobladores, que habían sido esclavizados, adquirieron un predio como compensación por 40 años de trabajo. En 1897 estas 113 familias se convirtieron en copropietarios y desde entonces han habitado de generación en generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aumento de la población y la venta de algunos predios a otras personas ajenas a la comunidad, desencadenaron conflictos por la tenencia de tierras.
En el año 2000 las comunidades denunciaron amenazas y perturbaciones, lo que, sumado al crecimiento de proyectos turísticos, hizo que los nativos comenzaran a perder el acceso a la franja costera, reduciendo así el desarrollo de sus medios de vida y con ello decayendo en su economía.
Esta situación ocasionó la vulneración de sus derechos, su identidad étnica como afro, raizales y palenqueros, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia T-601 de 2016, con la que dictó un conjunto de órdenes para atender la situación:
Realizar un proceso de clarificación de la propiedad, tramitar las solicitudes de titulación colectiva, y realizar un censo poblacional en Arroyo Grande para identificar a los miembros descendientes de los copropietarios en virtud de las líneas sucesorales, así como los miembros de los Consejos Comunitarios y el porcentaje de la población afrodescendiente.
El cumplimiento de estas órdenes fue llevado a cabo por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el acompañamiento técnico de la FAO, a través del uso de diferentes herramientas y metodologías sociales, con las que fue posible la identificación de descendientes de los terrenos de Arroyo Grande y la elaboración del contexto sociohistórico en el marco de la reconstrucción de las líneas sucesorales.
Casos como este, detallado en la publicación Variables Sociales como Medio Probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria, destacan la efectividad en la aplicación de herramientas novedosas, como el análisis de redes, que, desde su concepción, involucra la puesta en marcha de técnicas con un enfoque sistemático y riguroso, y la interdisciplinariedad en todos los pasos de la ruta metodológica; optimizando el tiempo y recursos económicos, desde la validación y participación activa de las comunidades involucradas en la resolución de sus propios conflictos.
Recomendado: podcast proceso de clarificación Arroyo Grande
Tierra, elemento indispensable para el desarrollo rural sostenible
En Colombia el 75,5 % de los municipios son rurales y en estos habita el 32% de la población. Sin embargo, el 64 % de los hogares no tiene acceso a tierras, lo que limita sus posibilidades para acceder a créditos, aumentar la innovación o dedicarse a la producción agropecuaria.
Un panorama con el que se determina la apremiante necesidad de resolver los conflictos de tenencia y uso de la tierra, como punto de partida para hacer que el campo y sus habitantes logren acceder a bienes y servicios agropecuarios, proporcionando de esta manera un aumento en su economía y goce efectivo de la seguridad jurídica y social.
En este sentido son varias las contribuciones que la cooperación internacional ha venido realizando, desde el acompañamiento en el diseño de políticas públicas, así como la implementación de programas que vinculan el desarrollo rural sostenible como eje principal de los sistemas agroalimentarios, haciendo de estos modelos de producción sostenible.
Estos avances han sido dados con la visión de contribuir a que Colombia avance en diferentes propósitos del ámbito rural, destacando la apuesta por superar la pobreza, mejorar los medios de vida de los productores agropecuarios de pequeña escala y mejorar también su seguridad alimentaria, tal como fue propuesto en el punto uno del Acuerdo de Paz (2016).
Para Furio Massolino, director del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (DRET II) y experto en desarrollo rural de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), la relación entre tierra, agricultura y paz es indivisible.
Esta relación es el centro del trabajo del DRET II, un programa de la Unión Europea, AICS y la FAO, con el que se ha adelantado el acompañamiento en el diseño e implementación de más de 10 políticas públicas, en alianza con los Ministerios de Agricultura y Ambiente y sus entidades adscritas.
Esta labor la ha realizado con un aterrizaje local a través de las Rutas Territoriales para el Desarrollo Rural Sostenible en Colombia, que buscan mejorar la eficiencia de la implementación de las políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente a través de la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas y el intercambio de experiencias que aporten argumentos para un mejor diálogo Nación - Territorios.
En 2022 se realizaron seis Rutas con resultados importantes, y este año entraron en desarrollo otras 12, las cuales serán implementadas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones descentralizadas, con el objetivo de incentivar el trabajo en red y consolidar capacidades locales en 8 departamentos del país (Cesar, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Putumayo y Amazonas), fortaleciendo iniciativas productivas desde un enfoque de inclusión, desarrollo social y participación comunitaria.
“Desde la UE, AICS y la FAO vemos la tenencia de la tierra como uno de los primeros aspectos importantes de un mecanismo de intervención integral del Estado, en el que la extensión agropecuaria, el financiamiento, el crédito y el acompañamiento llegan a través de la territorialización de la política pública”, afirmó Carlos Martínez, coordinador del DRET en FAO Colombia.
Paz y desarrollo se construyen con enfoque de territorio, para que sean social y económicamente incluyentes, así como ambientalmente sostenibles. Para ello se requiere de la convergencia de actores estratégicos diversos que representen al Estado, la sociedad civil, la empresa y la comunidad internacional, que contribuyan a la estabilidad y continuidad de los procesos en la agenda de transformación rural del país.
La cooperación internacional, y la participación de todos los actores, es primordial para abordar este desafío de implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural. El camino está abierto para que, con la integración de todos los sectores, el campo vuelva a tener esperanza, y con ello la nación en conjunto.
Sobre la tenencia y gobernanza de la tierra en el Plan Nacional de Desarrollo
Y es que la tenencia y gobernanza de la tierra no es un tema menor. Es tan fuerte la relación entre esta y el desarrollo económico, social y ambiental del país, que cada una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, así la contemplan:
Ordenamiento del territorio alrededor del agua: planificación y ordenamiento del territorio, considerando la reserva, uso y gestión sostenible del agua, que en zonas rurales se relaciona directamente con la tierra y el agua como recursos primarios para la producción de alimentos y la estabilidad en los medios de vida de sus comunidades.
Seguridad humana y justicia social: busca la adaptación y mitigación del riesgo, integrando la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional. Una meta en la que la tierra es el punto de partida para la paz territorial, brindando garantía para el desarrollo de acceso a la seguridad económica y social.
Derecho humano a la alimentación: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos, son los pilares de esta meta en la que la alimentación se contempla como un eje central para la salud y el desarrollo, considerando la apropiación cultural de cada territorio, por lo que la correlación con la tenencia y gobernanza de la tierra se encuentra en cada pilar y con ello en el cuidado de la cultura y biodiversidad alimentarias.
Transformación productiva, internacionalización y acción climática: parte de la tenencia de tierras para la producción, integrando en esta planificación la adaptación y mitigación del cambio climático, que de acuerdo con la FAO a nivel mundial representa al menos pérdidas de al menos el 23 % de la producción agropecuaria, lo que suma 3,8 billones de USD en los últimos 30 años.
Convergencia regional: para lo que se propone fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios; aspectos que vuelven al mismo punto de origen: la distribución, tenencia y gobernanza de la tierra.
Publicación Variables sociales como medio probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria y Rural
Otras publicaciones de interés:
https://areatenencia.fao.org.co/index.php/documentos/ Evento recomendado:
Tejiendo Saberes, Forjando Alianzas Exposición fotográfica de realidad aumentada:
Miradas sobre la gobernanza de la tierra Drive con material para prensa:
https://bit.ly/Medios_VariablesSociales_JurAgraria Mayor información y contactos de prensa: María del Pilar Gómez, Maria.GomezHerrera@fao.org, Cel. 321 2013794
Ana Reyes Arias, ana.reyes@fao.org, Cel. 318 4022156
https://areatenencia.fao.org.co/index.php/documentos/ Evento recomendado:
Tejiendo Saberes, Forjando Alianzas Exposición fotográfica de realidad aumentada:
Miradas sobre la gobernanza de la tierra Drive con material para prensa:
https://bit.ly/Medios_VariablesSociales_JurAgraria Mayor información y contactos de prensa: María del Pilar Gómez, Maria.GomezHerrera@fao.org, Cel. 321 2013794
Ana Reyes Arias, ana.reyes@fao.org, Cel. 318 4022156
1 / 5
Historia
26 abril 2024
Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres visita por primera vez Colombia
A 70 días de su designación en el cargo a nivel mundial, la visita al país suramericano marca un hito en su gestión y en el trabajo articulado con los países de la región para movilizar el avance de la agenda de igualdad.Tras su paso por la oficina regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres en Panamá, la Directora Ejecutiva Adjunta llegó a Colombia para sostener la primera visita oficial a nivel internacional a una oficina país.A través de una agenda amplia y diversa, sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno nacional, grupos de la sociedad civil y socios estratégicos a través de quienes conoció el impacto positivo del portafolio de trabajo de la ONU Mujeres en Colombia que cubre áreas temáticas prioritarias, así como el nexo humanitario, desarrollo y paz.Uno de los primeros encuentros de la Sra. Nyaradzayi Gumbonzvanda tuvo lugar con Francia Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia y también Ministra de Igualdad y Equidad, en este espacio, reiteró el apoyo permanente de ONU Mujeres a la implementación de las prioridades del Gobierno nacional en la agenda de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género. La agenda con entidades del Gobierno nacional incluyó además, un encuentro con Elizabeth Taylor, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, con quien dialogaron sobre la formulación de la política exterior feminista de Colombia y su enfoque pacifista, interseccional y participativo; Con Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conversaron sobre la importancia del trabajo articulado a través de iniciativas conjuntas como “Las mujeres cuentan” para seguir promoviendo la producción, acceso y utilización de estadísticas de género en el país.Finalmente, para conocer los avances legislativos en materia de igualdad de género y que se lideran desde el Senado y la Cámara, la Directora Adjunta se reunió con la congresista, Carolina Giraldo, quien además preside la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. Para conocer más sobre las instancias de coordinación lideradas por ONU Mujeres en el país, Nyaradzayi Gumbonzvanda se reunión con integrantes de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, MGCI que reúne a más de 50 entidades de la cooperación en Colombia, en este espacio reiteró la importancia de integrar el enfoque de género en todo su portafolio de cooperación para el desarrollo, y asegurar presupuestos significativos para lograr una mayor coherencia e impacto a favor de la igualdad. Su agenda en la capital del país incluyó en un encuentro con más de 30 mujeres representantes de diversas organizaciones de mujeres, ahí la Directora Adjunta reconoció el rol que las mujeres colombianas representan en la consecución de la igualdad de género y los derechos, no solo en el país sino a nivel global, “reconocemos que la acción conjunta de las organizaciones de mujeres y feministas en Colombia ha sido fundamental para los logros en paz y desarrollo con perspectivas de igualdad de género y derechos de las mujeres. Su trabajo y compromiso han trascendido al demostrar que los avances de las mujeres y las niñas son avances para toda la sociedad”, afirmó. Desde el territorio, conociendo el impacto positivo de nuestra laborLa ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia y cerca de la frontera con Ecuador, fue la siguiente ciudad del país en recibir a la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Nyaradzayi Gumbonzvanda, a través de visitas y espacios de encuentro pudo conocer de cerca el despliegue de los programas que ONU Mujeres implementa en Colombia, desde los territorios, en beneficio de las mujeres en toda su diversidad.Un momento hito e inspirador de su visita fue el diálogo con cerca de 13 mujeres de organizaciones socias implementadores de las iniciativas de ONU Mujeres en el territorio, quienes a través de sus historias destacaron la importancia del fortalecimiento a las mujeres, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género, desde la comprensión de sus necesidades y las de sus territorios. “Agradecemos esta importante visita. Nos enorgullece ser parte de los procesos de ONU Mujeres en Nariño. Las mujeres estamos liderando el canto de la paz, desde nuestra ancestralidad y saberes. Gracias, señora directora, por visitarnos y por seguir aportando a la reivindicación de nuestros derechos, desde acciones afirmativas y transformadoras, que impactan positivamente nuestras vidas y liderazgos”, afirmó en una intervención Paola Navia, integrante de la Red de Cantadoras del Pacífico nariñense y socia de Prodefensoras, uno de los programas implementados por ONU Mujeres en el departamento.Sostuvo también un espacio con el sector privado de la región, actor clave con quien se vienen tejiendo importantes alianzas como aporte al empoderamiento económico de las mujeres. El encuentro incluyó a los principales gremios de Nariño como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas Empresas (Acopi); y la Cámara de Comercio de Pasto. Asimismo, y para reconocer el contexto local, su agenda en el territorio incluyó encuentros con el nuevo Gobierno del departamento de Nariño y el Alcalde de la ciudad de Pasto, actores estratégicos que han resaltado la importancia que tiene la agenda de género para el desarrollo del territorio relevando que este es un departamento pionero en materia de políticas públicas y experiencias de paz lideradas por mujeres desde un enfoque territorial.Finalmente, en un espacio con el Equipo Local de Coordinación y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), dio un espaldarazo a las diferentes iniciativas implementadas en Nariño y resaltó las oportunidades de articulación con otras agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, así como con organizaciones internacionales, nacionales y regionales, que conduzcan a fortalecer el liderazgo y el trabajo por los derechos de las mujeres, desde acciones afirmativas y estrategias de acción humanitaria, construcción de paz y de desarrollo territorial.La visita al país de Nyaradzayi Gumbonzvanda reafirma el compromiso global de ONU Mujeres por apoyar iniciativas que aceleren el avance hacia la igualdad en los países, relevando el rol de Colombia en la región y reconociendo los hitos del país hacia el desarrollo sostenible y la construcción paz con un enfoque de género cumpliendo con el compromiso de no dejar a nadie atrás.
1 / 5
Historia
23 abril 2024
Unidos por el español: Celebrando la diversidad lingüística
En todo el mundo, más de 500 millones de personas comparten una lengua común: el español. Desde las vibrantes calles de Buenos Aires hasta las soleadas playas de Cancún, el español une a comunidades en un lazo lingüístico que trasciende fronteras y culturas.Este 23 de abril, las Naciones Unidas se unen a la celebración del Día del Idioma Español, un momento para reflexionar sobre la importancia y la riqueza de esta lengua que hablamos y compartimos.El español ha evolucionado con el tiempo y la geografía, adaptándose a las particularidades de cada región y país. Cada comunidad ha desarrollado sus propios códigos y expresiones, enriqueciendo así la diversidad lingüística del idioma. Aunque nuestras palabras y modismos puedan variar, todos partimos de la misma base y nos entendemos mutuamente.La jornada busca concienciar sobre la historia, la cultura y el uso del español como lengua oficial de la ONU, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor de la célebre obra "Don Quijote de la Mancha", y del escritor Garcilaso Inca de la Vega, considerado uno de los primeros mestizos de Perú. Este año, además de celebrar nuestra diversidad, destacamos al español como una lengua hablada en 22 países.El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su reconocimiento hacia la contribución del español a las relaciones internacionales, destacando su importancia en campos como la educación, la ciencia, el arte y el desarrollo.En palabras de Guterres, "el español es un idioma global que facilita el diálogo y el respeto mutuo, fomentando la creatividad y la pluralidad de ideas".En este día especial, reafirmamos nuestro compromiso con el multilingüismo como un elemento fundamental para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.Desde Argentina hasta México, desde España hasta Guinea Ecuatorial, celebramos la riqueza histórica, cultural y lingüística del español, deseando que siga floreciendo y uniendo al mundo. Escrito por Luis Arroyo, Periodista Interagencial de ONU México.
1 / 5
Historia
08 abril 2024
La acción contra las minas antipersonal es fundamental para consolidar la paz
María Cristina Rivera, UNICEF ColombiaEn el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, compartimos las historias de Josué y Maribel, dos adolescentes que sobrevivieron a un accidente por minas y que hoy son ejemplo de coraje y resiliencia, pero también una muestra de todo lo que nos falta por trabajar aún para garantizar que estos artefactos no sigan generando nuevas víctimas en Colombia: sin acción contra las minas es imposible consolidar la paz.Tumaco, 4 de abril de 2024. Ninguna persona -tampoco un niño, niña o adolescente - debería tener que enfrentarse a ese dolor, a esa conmoción: la de sufrir heridas o perder una parte de su cuerpo por una explosión causada por una mina antipersonal. Ningún padre o madre debería tampoco ver a sus hijos pasar por eso.Al hecho, traumático y violento en sí mismo, se le suman siempre otras afectaciones: desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad, impedimento de acceso de la acción humanitaria, deserción escolar, pérdida de los medios de subsistencia. Sin contar que las secuelas y las consecuencias de los artefactos explosivos duran toda la vida, la mayoría de las minas generan amputaciones y las víctimas tienen que aprender a vivir con esa realidad: la de defenderse y reconocerse sin una parte de su cuerpo.En el caso de la niñez, los impactos se amplifican: están en crecimiento, consolidando procesos motores, de desarrollo de su identidad y de su corporalidad. “Si sufren una amputación y tienen prótesis, hay que cambiarla cada seis meses, necesitan más revisiones, más apoyo psicosocial y acompañamiento de la familia. Esta dificultad aumenta cuando hablamos de niños y niñas en zonas rurales, donde ocurren todos los accidentes y donde el acceso a salud es más limitado”, asegura Sandra Salazar, oficial experta en minas de UNICEF.Colombia es uno de los países más afectados del mundo por las minas antipersonal, con más de 100 víctimas al año, un 60% de estas civiles. Muchas minas se han acumulado en los años del conflicto armado, otras surgen cada día, con el aumento de las confrontaciones y en el desarrollo de nuevas hostilidades entre diversos actores armados. De acuerdo a la información recopilada por el Área de Responsabilidad de Acción Contra Minas en 2023, más de 520.000 personas, habitantes de 122 municipios de Colombia, estaban en riesgo de sufrir un accidente por artefactos explosivos o de ser confinadas o desplazadas por la presencia de estos artefactos (UNMAS, 2023).Sembrar minas es una violación al derecho internacional humanitario, cuyas normas regulan los conflictos armados, y está prohibido por la Convención de Ottawa (Tratado sobre la prohibición de las minas) que fue ratificada por Colombia.En el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal que se conmemora este 4 de abril, compartimos las historias de Maribel y Josué, dos jóvenes de 16 años, beneficiarios de la acción de UNICEF y su socio la Corporación Paz y Democracia, que perdieron una de sus piernas en un accidente por minas, en zona rural de Tumaco, pacífico nariñense, el municipio más afectado por este problema en Colombia.“De eso se trata, de seguir jugando”: Josué, 17 añosEra un 16 de diciembre de 2022. Seis días antes, el 10 de diciembre, Josué había cumplido 16 años. El cacao estaba listo para ser cosechado en Santo Domingo El Progreso, una vereda de Tumaco, Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador, donde su familia tenía cultivos y sobrevivía de la agricultura, del cangrejo y la recolección de conchas. Josué y su hermano decidieron entrar al cultivo, a unas cuadras de su casa, para cosechar, poder vender el cacao y así recoger para la subsistencia y, si alcanzaba, para las fiestas navideñas: “pa´ la comida y la ropa para estrenar”.Lo que no se imaginaba Josué era que en ese día, en la plenitud de su adolescencia, iba a cambiar su vida: pisó con su pierna izquierda una mina antipersonal. Esa explosión postergó su sueño, el único que reconoce con pasión, el de ser futbolista profesional.Recuerda que voló por el aire, que vio estrellitas, “sentí que estaba arriba y que bajaba”, y luego a su hermano haciendo el torniquete improvisado con una camiseta para estancarle la sangre, a su familia y comunidad evacuándolo, gracias a esa sabiduría de primeros auxilios aprendida en la escuela de una vida en medio del conflicto armado. Josué dice que en ese momento no sentía nada, ni dolor ni angustia: la adrenalina sedante del golpe, la anestesia de la guerra. Entonces empezó la travesía para llegar al hospital de Tumaco -a pie, en lancha, en carro-, para recibir – al menos cuatro horas después- atención en salud.Estuvo consciente hasta que llegó al hospital. Tras una operación, supo que habían tenido que cortarle, casi desde la rodilla, su pierna izquierda, pero estaba vivo, ¡estaba vivo!, y eso era un milagro. A la consternación inicial por perder una parte de su cuerpo, por saber que no podría volver a hacer su vida como hasta ahora, que no podría volver a ser el mejor defensa central de su equipo de fútbol, el de la camiseta número 5; le siguió la aceptación, la lucha, la resignación y la valentía.“La doctora me dijo que iba a volver a caminar con prótesis, eso me alegró, pero pensaba que no iba a volver a jugar fútbol”, cuenta Josué. Lo dice con tranquilidad e incluso con la sonrisa del que ya ha pasado la peor parte: cuando habla del fútbol, sí se le pone su voz más melancólica, pero le han dicho que con una nueva prótesis que le dará la EPS, quizá pueda retomar los entrenamientos.“Al comienzo quería dejar de estudiar”Como el accidente de Josué fue en diciembre, parte de su tiempo de recuperación fue durante las vacaciones de fin de año. A diferencia de otros casos, el accidente no implicó para él deserción escolar y solo perdió un mes de clases.“Yo primero quería dejar de estudiar, me daba pena volver al colegio, pero los profesores me alentaban y mi papá y mi mamá me decían que siguiera estudiando. Sino estuviera acá estudiando, ¿qué estaría haciendo? Nada”.El apoyo de su familia, de su papá, de su mamá, de su abuela, sus hermanos, sus primos, sus tíos ha sido fundamental para el proceso de recuperación de Josué: tener quién ayude, quién sirva de soporte, hace la diferencia en situaciones difíciles. “Mi familia siempre está ahí, me dice que siga adelante, que esto es un aprendizaje de la vida”.En el caso de Josué, su familia ha sufrido múltiples afectaciones: su papá y su abuela paterna también son víctimas de minas y también sufrieron la amputación en una de sus piernas. Entre todos se apoyan, pero el dolor es profundo porque con los accidentes también llegó el desplazamiento: se las arreglan para sobrevivir en Tumaco, lejos de sus cultivos y con su movilidad reducida.Josué cuenta que al comienzo le dieron muletas y que las aprendió a manejar en un día, con ellas iba al colegio y subía las escaleras hasta su salón de clases. Luego, obtuvo su primera prótesis, que también aprendió a manejar en dos días: “yo quería caminar rápido, por eso me adapté”. Josué tiene tan buena marcha, un caminado continuo, sin vacilaciones, que cuando tiene pantalón largo, no parece que tuviera una prótesis.Lailis Quiñonez, coordinadora académica de su colegio, la Institución Educativa Iberia, ubicada en el casco urbano de Tumaco, cuenta que Josué es responsable, juicioso, que está saliendo adelante y que sus compañeros han sido muy solidarios con él. “Es un chico que no se da por vencido; que no desmaya, que está ahí”.Es la primera vez que en el colegio tienen que recibir a un estudiante que sufrió un accidente por minas: no hay espacios especiales para niños o niñas con discapacidad, pero hoy las directivas son conscientes de que deben definir protocolos para ayudarles a estos alumnos a no quedarse atrás. “Necesitan, además, mucha motivación psicológica”, reconoce la rectora.“Mi vida ha cambiado y no. Yo hago mi vida normal. Lo único es que no puedo jugar al fútbol. De resto, puedo andar y voy a donde quiero”. Josué cuenta que seguirá estudiando, ahora va en octavo, “y esperar a que me pongan la nueva prótesis para ver si puedo intentar jugar”.Entre todo, sigue teniendo los sueños que tenemos todos en la adolescencia: salir con sus amigos, jugar, estudiar, tener un amor. Nadie debería pasar por lo que pasó Josué, los accidentes por minas deberían prevenirse para que ninguna familia viva con miedo ni ningún niño, niña o adolescente tenga que postergar sus sueños.“A veces me pasan corrientazos, pero en general no me duele ni siento nada donde perdí mi pierna. Yo seguiré adelante, de eso se trata, de seguir jugando”.“Sueño con ser abogada, para luchar contra las injusticias”: Maribel, 17 añosElla sola se presenta muy bien. “Soy Maribel, tengo 17 años, vivo en Tumaco y soy una persona que se la pasa alegre, riendo. Le veo el lado bueno a la vida, porque yo digo que mientras haya vida uno sigue. Si uno respira, uno sigue. Tengo la autoestima muy alta. Acepto lo que me pasó, lo tomo con calma, porque a veces las cosas pasan por algo”.Lo que le pasó a Maribel no debería pasarle a nadie por ninguna razón. A sus 16 años le vio de frente la cara a la guerra: enfrentamientos, explosiones, fuego cruzado. El miedo, una huida. Todo pasó entre el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre de 2022. En su vereda del Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, ese fin de semana hubo enfrentamientos constantes entre grupos armados. Maribel recuerda que estaba viendo novelas con sus hermanas cuando tuvieron que salir corriendo para huir de las hostilidades: nunca les había tocado algo así.“Agarramos los papeles. Y salimos. Ahí empezó la “tirotera”, quedamos entre las balas. Nos fuimos para el monte, a la finca donde estaban mi papá y mi mamá recogiendo la cosecha porque estaba lejos de los enfrentamientos. Atardeció y nos tocó amanecer allá porque los grupos seguían en la guerra. Ese sábado todos siguieron enfrentándose. Nunca nos imaginamos que estaban poniendo minas. Tiramos más para dentro, porque allá estaba calmado. Dormimos ahí. En la noche empezaron de nuevo los enfrentamientos, como tres horas. Ya luego se calmó y amaneció, quedó todo tranquilo, quietico, en paz”.Por esa razón, el domingo decidieron salir y volver hacia el pueblo, donde estaba su casa. Recorrieron de regreso el mismo camino por el que habían pasado el día anterior, la vía principal. “Nunca nos imaginamos que por ese camino iba a haber minas porque ya habíamos pasado por ahí y no había pasado nada. Nos confiamos”.Las comunidades en zonas rurales conocen algunos comportamientos para cuidarse de accidentes de minas, uno de esos es transitar siempre por caminos principales y conocidos. Maribel cuenta que su papá, Fredy, iba adelante, guiando a la familia, y ella atrás con sus otras cuatro hermanas. Fredy pasó sin problema, pero cuando Maribel pisó, sobre una hoja seca que no había pisado su papá, se sintió una fuerte explosión, tan aturdidora que pensaron que era un cilindro bomba.“Quedé así como en el limbo. Todo se volvió neblina por el humo de la pólvora. Yo grito, mi papá me agarra. Luego no pude pararme, no pude apoyar mi pierna. Ahí me di cuenta de que la había pisado. Me amarraron una camiseta para controlar la hemorragia. Me cargaron y empezó de nuevo el enfrentamiento”.Maribel recuerda que todo era como en las películas, nunca como en la vida real, pese a vivir en una zona de conflicto armado. Su papá la llevó hasta la casa en medio del enfrentamiento. Luego, con apoyo de familiares y vecinos, hicieron una camilla artesanal, con guadua y una hamaca, para transportarla. Después de varios retenes de los grupos armados y explicaciones lograron llegar, por fin, al hospital de Tumaco.“Yo iba consciente todo el camino, no me dio sueño. Tampoco lloré cuando pasó el accidente: lloraban mis otras hermanas, pero yo no. Se me reventaron los dedos de la mano, tenía heridas en la otra pierna, y me pegué en los pulmones, pero yo no sentía nada de eso. Me entraron por urgencias. Me preguntaron mi nombre y ya no supe nada más. Me desperté a los cuatro días en Pasto”.Despertar, recuperar los sueños e insistir en ellosLa conmoción llegó cuando pasó todo y se despertó en la cama de una ciudad distinta a la suya, en Pasto, capital de Nariño, donde estuvo hospitalizada por más de dos meses. UNICEF y su socio, la Corporación Paz y Democracia, apoyaron económicamente a su familia para que pudieran acceder a atención en salud y rehabilitación física, y también para que recibiera acompañamiento psicosocial.Cuenta Maribel que ahí, lejos de todo y del ruido de la guerra, en la unidad de cuidados intensivos, sí lloró, pero también aceptó lo que le había pasado y tomó la decisión de seguir adelante. “Por tres días estuve llorando. Después me calmé y ya no lloré más”.“Yo no me había graduado del colegio. Había estudiado en Ecuador que quedaba más cerquita. Ese día en la UCI decidí que iba a seguir estudiando, a agarrar pa´delante y a seguir una carrera. Ahí la idea que se me vino a la cabeza fue derecho”.Cuando fue dada de alta, Maribel volvió a Tumaco, donde su familia vive y sobrevive ahora tras desplazarse. Se inscribió en un colegio local, en un curso de aceleración educativa, y en un año terminó el bachillerato. Ahora espera poder pasar a la universidad y continuar con sus estudios superiores.“Yo quiero ser abogada para luchar contra las injusticias. Pero si no logro estudiar una carrera, porque es difícil pasar a la universidad, quisiera también ayudarle a otras jóvenes como yo, que tienen accidentes por minas, a salir adelante”.Maribel se asusta cuando oye un trueno, pero espanta el miedo con su risa. El sonido la devuelve a ese día de diciembre en que le vio la cara a la guerra, pero también se llena de orgullo cuando se mira al espejo, contempla su belleza, su fortaleza y sabe que mientras la vida siga, ella persistirá en seguir creciendo.
1 / 5
Historia
26 marzo 2024
Voluntariado de las Naciones Unidas
El 2024 marca como un año histórico para la alianza de Voluntarios de Naciones Unidas y OIM en Colombia, pues se multiplicó el número de vacantes de voluntariado disponibles a nivel nacional para sumarse a los equipos de OIM. Se trata de ciudadanos interesados en contribuir con su experiencia y conocimiento al cumplimiento del mandato de la Organización, que trabaja en favor de una gestión ordenada y humana de la migración.Solo en Colombia, hay más de 600 Voluntarios/as ONU que trabajan en favor de la paz, la provisión de asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible. Así, el equipo asignado en OIM se acerca al 15% de la totalidad en el país.“La vinculación de voluntarios a la operación de OIM es muy importante, ya que este ejercicio tiene un impacto significativo que se propaga, inspirando a otros y fortaleciendo los lazos de solidaridad y resiliencia. La colaboración entre las dos organizaciones nos permite identificar perfiles adecuados y responder de manera eficiente para atender las necesidades de las comunidades que más lo necesitan”, destaca Fernando Medina, jefe de Misión de OIM en Colombia.Pasión y diversidad son características propias del grupo de Voluntarios/as de las Naciones Unidas en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia. Con edades que oscilan entre los 24 y 53 años, estos voluntarios/as desempeñan sus asignaciones en una variedad de roles, incluyendo asistencia de operaciones y soporte en el terreno, procesamiento de datos, comunicaciones, especialización en migración y trata de personas, entre otros campos profesionales. El 60% son mujeres, y sirven bajo las categorías de especialista, experto y joven. Se encuentran desplegados en 7 ciudades del país, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Cali y Florencia.Valentina Muñoz, Voluntaria de las Naciones Unidas desde hace un año, desempeña su función como especialista en comunicaciones. Ella encarna la esencia de esta experiencia en su crecimiento personal y profesional."Mi tiempo como voluntaria en la OIM me ha llevado a descubrir diversos rincones del país y comunidades maravillosas", comparte Valentina. "Una de las experiencias más enriquecedoras fue participar en 'Cocreando la Paz', un proyecto que trabajó con líderes jóvenes de varios municipios del Cauca. Fue un momento especialmente gratificante. Pude colaborar con mujeres a las que admiro, reconocer sus luchas y desafíos, y sus esfuerzos incansables por transformar una región marcada por el conflicto".Por otro lado, Manuel Pinzón, profesional en políticas y relaciones internacionales, comenzó su asignación como Voluntario de la ONU en marzo. Lidera un equipo en Cúcuta para el programa de reasentamiento de personas migrantes. "Mi mayor motivación para formar parte del equipo de la OIM es poder contribuir en la zona fronteriza, brindando un trato humano a las personas que más nos necesitan", expresa Manuel. El voluntariado está reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un medio para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Permite que la ciudadanía se involucre desde sus conocimientos y experiencias a lograr que los procesos de asistencia humanitaria y desarrollo sostenible sean respetuosos de los derechos humanos, efectivos y sostenibles.Durante su reciente misión oficial a Colombia el pasado 13 de marzo de 2024, el Coordinador Ejecutivo de UNV, Toily Kurbanov, se reunió con el equipo de la OIM Colombia. Kurbanov destacó la profunda relación entre la OIM y Voluntarios de las Naciones Unidas en el país: 'OIM ama a los Voluntarios de las Naciones Unidas, por esa razón es que nosotros amamos OIM', afirmó. 'Estamos orgullosos de nuestra alianza y desde UNV nos aseguraremos de que funcione y que las y los voluntarios de la ONU estén empoderados para implementar el importante mandato que OIM tiene en Colombia'. Acerca de la OIMLa Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal organización intergubernamental que brinda servicios y asesoramiento sobre migración a gobiernos y migrantes por igual. La OIM trabaja para garantizar la gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional en cuestiones migratorias y brindar asistencia humanitaria a los migrantes necesitados.Acerca de Voluntarios de las Naciones UnidasVoluntarios de las Naciones Unidas es la organización de la ONU que promueve el voluntariado para apoyar la paz y el desarrollo en todo el mundo. Los/as Voluntarios/as de las Naciones Unidas contribuyen al desarrollo humano sostenible al fomentar la participación de las personas y facilitar su contribución efectiva a los esfuerzos nacionales y globales.
1 / 5
Historia
08 marzo 2024
¿Quieres unirte a la ONU para promover la paz y el desarrollo en Colombia?
¿Alguna vez has sentido que tienes algo más en ti para dar?, ¿Estás comprometido/a con promover un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo en Colombia? ¡Sé Voluntario/a ONU!Los Voluntarios/as ONU son mujeres y hombres, con y sin discapacidad, provenientes de distintos entornos socioculturales, y con diversos perfiles profesionales. Con sus conocimientos, experiencias y vocación, contribuyen a avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En lo que va del 2024 en Colombia, +500 profesionales son Voluntarios/as de las Naciones Unidas. Desplegados en 51 territorios del país, se unen a los equipos de 17 Agencias, Fondos y Programas de la ONU en Colombia. DECIDE TOMAR ACCIÓNPobreza, hambre, cambio climático, conflictos, desplazamientos forzados, desigualdad y violencia contra las mujeres y niñas son algunas de las causas urgentes que enfrentamos hoy en día. Es tiempo de decidir que ya es suficiente y hacer algo al respecto. SER VOLUNTARIO/A ONUDecidir darle un giro a tu vida y a la de otros siendo Voluntario/a ONU. Hacer voluntariado en las Naciones Unidas representa un compromiso a tiempo completo en favor de la paz y el desarrollo sostenible, sirviendo en una Agencia, Fondo o Programa de la ONU, en tu país o en el extranjero. DERECHOS Y BENEFICIOSEl Programa UNV promueve la participación amplia e inclusiva y, como tal, asegura una variedad de beneficios para mantener un estándar básico de vida durante el tiempo de asignación como Voluntario/a ONU. Los beneficios incluyen:Estipendio mensual (visita la calculadora)Cobertura médica (incluye dependientes)Vacaciones anuales (2.5 días por mes)Oportunidades de aprendizajeAjustes razonables para personas con discapacidadEstipendio de viaje para Voluntarios/as ONU internacionales Conoce más en las Condiciones de Servicio de UNV: https://bit.ly/UNV-COS-ES PERFILES PROFESIONALESContribuye desde tu experiencia profesional y conocimientos, sea en Desarrollo, Respuesta en Emergencias, Educación, Salud, Medioambiente, Comunicaciones, Trabajo Social, y muchos más. TÍTULOS DE ASIGNACIÓNAlgunos de los títulos de asignación más requeridos son:Oficial de Terreno (en una gran variedad de áreas)Oficial de Desarrollo ComunitarioOficial de ComunicacionesOficial de Protección/de Derechos HumanosOficial de Monitoreo y Evaluación SOCIOS PRINCIPALESComo Voluntario/a ONU podrás servir en las siguientes entidades de las Naciones Unidas, entre muchas otras:Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)Organización Internacional de las Migraciones (OIM)Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)Programa Mundial de Alimentos (WFP)En 2023, más de 2700 Voluntarios/as ONU sirvieron con +30 socios de las Naciones Unidas en ALC. SIN DEJAR A NADIE ATRÁSEl Programa UNV está comprometido con representar la diversidad de nuestras sociedades. Si eres una persona con discapacidad, miembro de la comunidad LGTBQ+, afrodescendiente, indígena, u otra minoría, te invitamos a aplicar. CATEGORÍASLas asignaciones se dividen en 5 categorías de voluntariado, las cuales determinan la elegibilidad:Experto/a: los candidatos/as deben tener al menos 35 años de edad y más de 15 años de experiencia profesional.Especialista: los candidatos/as deben tener al menos 27 años de edad y al menos 3 años de experiencia profesional.Joven y Universitario/a: los candidatos/as deben tener entre 18 y 26 años de edad, y no se requiere experiencia profesional previa.Comunitario/a: No se requiere experiencia profesional o conocimientos académicos, pero debe pertenecer a la comunidad en donde sirve.Antes de aplicar, te recomendamos leer detenidamente los requerimientos específicos para la asignación elegida. DECIDE APLICARRegístrate en la Plataforma Unificada de Voluntariado: app.unv.org, completa tu perfil profesional y aplica a las vacantes AHORA.Cuando filtres las vacantes, verifica la categoría de voluntariado a la que perteneces (Experto/a, Joven, etc) y define si deseas realizar tu voluntariado en tu país, o en el extranjero.Las oportunidades de Voluntariado ONU reflejan las necesidades cambiantes de las Agencias, Fondos y Programas de la ONU. Te invitamos a visitar regularmente la plataforma para no perderte de ninguna oportunidad. HAZ VOLUNTARIADO EN LÍNEACon el servicio de Voluntariado en Línea, puedes desarrollar tareas voluntarias por hasta 20 horas a la semana y por un máximo de 12 semanas, en diferentes entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.Como el servicio de Voluntariado en Línea es un compromiso a realizarse durante los tiempos libres, las personas seleccionadas no están bajo contrato con el Programa de Voluntarios ONU ni con la Entidad Anfitriona. Como tal, los Voluntarios/as en Línea no son elegibles para los derechos y beneficios estipulados en las Condiciones de Servicio. Su contribución es reconocida con un certificado final. Descubre más aquí: https://www.unv.org/become-online-volunteer CONOCE MÁSSigue a Voluntarios ONU en Redes Sociales y entérate de las últimas novedades, vacantes y tips de postulación.LinkedIn / Instagram / http://www.unv.org
1 / 5
Comunicado de prensa
16 abril 2024
Países llaman a revitalizar el compromiso con la Agenda 2030 y propiciar políticas y acciones renovadas y audaces para acelerar el cumplimiento de los ODS
Los países de América Latina y el Caribe instaron hoy a revitalizar el compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y propiciar políticas y acciones renovadas y audaces para acelerar el paso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante la inauguración de la séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebra hasta el jueves 18 en la sede principal de la CEPAL en Santiago, Chile.En la apertura del encuentro -que reúne a representantes de los 33 países de la región, de agencias de las Naciones Unidas y organismos regionales, multilaterales y de la sociedad civil-, los participantes acogieron el llamado del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien instó a redoblar el esfuerzo hacia el cumplimiento de los ODS mediante un aumento de la colaboración y un multilateralismo más efectivo. La séptima reunión del Foro fue inaugurada por Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Laura Fernández Delgado, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, en su calidad de Vicepresidenta del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.“América Latina y el Caribe está en camino de alcanzar sólo el 22% de las metas de los ODS, una tendencia que vemos en el mundo. Pero los ODS nacieron en esta región, y con un enfoque claro, compromiso y acción catalizadora, la región puede levantarse más fuerte que nunca y cumplir con la visión de los ODS", afirmó la Vicesecretaria General de la ONU.La Ministra Laura Fernández Delgado, en tanto, subrayó que desde la primera reunión del Foro, realizada en 2017, la región ha hecho enormes avances, no obstante, está muy claro que quedan desafíos pendientes y la obligación de redoblar los esfuerzos para avanzar más rápido.“Nos corresponde a todas y todos hacer un mayor esfuerzo por fortalecer el multilateralismo. La Cumbre del Futuro será una oportunidad para ello”, afirmó.En su discurso de apertura, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que, a solo seis años para 2030, el año meta para alcanzar los ODS, “el avance hacia su cumplimiento no ha mantenido la misma celeridad que el implacable paso de los días en el calendario. Al contrario, observamos un fuerte desalineamiento en los indicadores de seguimiento entre las trayectorias necesarias para cumplir y las observadas. Esto pone en evidencia la urgencia de acelerar el paso”, aseveró.La CEPAL estima que se han alcanzado o se alcanzarán hacia 2030 un 22% de las metas, mientras que en el caso del 46% de ellas se avanza con una dirección favorable pero no a la velocidad necesaria para cumplirlas y el 32% restante no llegaría a cumplirse.“Confío que en estos tres días de diálogo, intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizaje entre todos los actores, el lema de la próxima Cumbre del Futuro ‘soluciones multilaterales para un mañana mejor’ nos movilice para revitalizar nuestro compromiso con la Agenda 2030, así como para propiciar políticas y acciones renovadas y audaces para acelerar el paso y llegar a 2030 en mejores condiciones para continuar trabajando por un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para la región”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs.Posterior a la inauguración, distintas personalidades y autoridades de la región intercambiaron perspectivas con miras a la Cumbre del Futuro, que se celebrará el 22 y 23 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.Durante la Sesión interactiva sobre la Cumbre del Futuro: soluciones multilaterales para un mañana mejor, los participantes compartieron sus visiones y sus prioridades, así como sus expectativas sobre los resultados orientados a la acción. También instaron a aprovechar el posicionamiento de varios de los países de América Latina y el Caribe en los procesos de negociación internacional para garantizar que las necesidades de la región sean tomadas en cuenta.Más tarde, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL presentó a los países el documento “América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: transiciones hacia la sostenibilidad”, que constituye el séptimo informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.El documento sostiene que, ante la crisis del desarrollo y el atraso relativo de la marcha hacia el cumplimiento de los ODS, la región requiere un cambio de rumbo en la conducción de las políticas públicas, el impulso de nuevas áreas estratégicas que lideren el proceso, la puesta en marcha de iniciativas transformadoras, una nueva gobernanza de las formas de hacer política pública, una participación efectiva y nuevas funciones de los actores sociales, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y el uso de nuevas herramientas, como la planificación estratégica y la prospectiva.Agrega que se requiere también avanzar en las seis transiciones clave propuestas por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que pueden tener efectos catalizadores y multiplicadores en relación con todos los ODS y un impacto determinante para alcanzarlos. Estas son: i) sistemas alimentarios, ii) acceso a la energía y su asequibilidad, iii) conectividad digital, iv) educación, v) empleo y protección social y vi) cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.La séptima reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible contempla diversas sesiones donde los participantes podrán dialogar sobre la urgencia de reforzar la Agenda 2030 y erradicar la pobreza en épocas de crisis múltiples. También abordarán temas clave relacionados con el progreso de la implementación de la Agenda 2030 en la subregión del Caribe.El encuentro considera la realización de cinco mesas de diálogo que analizarán especialmente los ODS 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 13 (Acción por el clima), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).
1 / 5
Comunicado de prensa
16 abril 2024
Las Naciones Unidas hacen un llamado para cerrar las brechas financieras de los pueblos indígenas en su foro anual
Los actos comenzaron con una ceremonia de bienvenida a cargo del Jefe Tadodaho Sid Hill, de la Nación Onondaga. Más de 2.000 participantes se reunieron en el Foro junto con representantes de las Naciones Unidas, entre ellos S. E. Dennis Francis, Presidente del 78º período de sesiones de la Asamblea General; S. E. Paula Narváez, Presidenta de ECOSOC; y el Sr. Li Junhua, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales.En la inauguración del Foro, S. E. D. David Choquehuanca, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, destacó el papel de los pueblos indígenas a la hora de dar prioridad al planeta. "Debemos pasar de un enfoque antropocéntrico a uno biocéntrico para garantizar que nuestros jóvenes entreguen una Madre Tierra más sana a las generaciones venideras. Para ello es necesario redirigir los recursos financieros directamente a las manos de los pueblos indígenas, los guardianes de la biodiversidad de nuestro planeta", afirmó.El tema de la reunión mundial de este año se centra en el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en las voces de los jóvenes indígenas. Un componente clave para garantizar el derecho a la libre determinación es el acceso a la financiación, para que los pueblos indígenas puedan hacer valer mejor sus derechos, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y financiar sus estructuras de gobierno, tal y como estipula la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas."La eliminación de los obstáculos a los flujos financieros es crucial para garantizar el acceso directo de los Pueblos Indígenas a la implementación de nuestras acciones y programas, para disponer de las vías y medios para financiar nuestro autogobierno y mantener nuestra autodeterminación", subrayó la Sra. Hindou Oumarou Ibrahim, Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.Sin embargo, la financiación para los pueblos indígenas, en particular la ayuda internacional para el clima y el desarrollo, está muy por debajo de sus necesidades. Aunque los pueblos indígenas custodian el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo, la financiación para sus derechos de tenencia y gestión de los bosques entre 2011 y 2020 fue inferior al 1% de la ayuda internacional para el clima, y es probable que los ingresos reales sean tan bajos como el 0,13%, ya que los fondos a menudo se canalizan a través de intermediarios.La falta de inversiones en mujeres y niñas indígenas sigue siendo especialmente grave. El Foro también instó a prestar especial atención a la promoción de iniciativas dirigidas por mujeres indígenas para reforzar sus derechos económicos, empoderar más a las mujeres y niñas indígenas y disipar los estereotipos nocivos que refuerzan la discriminación."Las contribuciones de las mujeres indígenas son incalculables para nuestras sociedades. Debemos actuar ahora para garantizar que tengan igualdad de acceso a la financiación y al apoyo, capacitándolas para liderar y tener éxito", instó S.E. Sonia Guajajara, Ministra de Pueblos Indígenas de Brasil.También surgen complicaciones a la hora de recopilar y analizar datos sobre las asignaciones de los donantes dirigidas específicamente a los pueblos indígenas, sobre todo cuando se les confunde con otros grupos. La falta de datos disponibles pone de manifiesto la insuficiencia de la financiación directa.Para abordar este problema es necesario poner en marcha mecanismos de financiación directa para los pueblos indígenas y eliminar los obstáculos burocráticos para garantizar que los pueblos indígenas tengan autonomía financiera para dirigir sus iniciativas."Necesitamos una financiación a largo plazo más amplia, predecible y directa para los pueblos indígenas, incluso a través de mecanismos de financiación públicos, privados y dirigidos por los indígenas que involucren eficazmente a las mujeres y los jóvenes indígenas", subrayó el Sr. Li Junhua, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales.Los Estados miembros, las instituciones financieras mundiales, los donantes y otros financiadores deben trabajar en colaboración con los pueblos indígenas para desarrollar y priorizar estrategias que mejoren la financiación catalizadora, concesional y mixta, además de definir criterios de evaluación y puntos de referencia para apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas. El Foro también anima a las instituciones financieras mundiales a reconocer los hitos políticos y jurídicos, en particular los relativos a la tenencia de la tierra y los territorios, la representación social y el desarrollo económico.Paralelamente al Foro, el Presidente de la Asamblea General convocará una reunión de alto nivel el miércoles 17 de abril en el Salón de la Asamblea General para conmemorar el 10º aniversario de la adopción del documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, conocida como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Este evento ofrece una importante plataforma para reiterar el compromiso de los Estados Miembros de defender, promover y avanzar incondicionalmente en los derechos de los pueblos indígenas.Todas las sesiones podrán seguirse en directo a través de UN Web TV, y habrá interpretación en los seis idiomas oficiales de la ONU. Para más información, visite UNPFII 2024. ###*Esta es una traducción no oficial del comunicado original en inglés, el cual puede leer aquí: https://www.un.org/en/desa/un-issues-call-closing-financial-gaps-indigenous-peoples-annual-forum
1 / 5
Comunicado de prensa
08 abril 2024
Secretario General de la ONU pide acelerar acciones que se traduzcan en beneficio para las comunidades
“Una implementación exitosa del Acuerdo de Paz tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional”, plantea el Secretario General. Sin embargo, agrega que, “para ello, se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del Acuerdo en cambios transformadores”. Si bien el informe reconoce los importantes avances logrados hasta la fecha, resalta como de particular importancia en esta etapa “que los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo”.
Reconociendo la profunda interconexión entre la implementación del Acuerdo Final de Paz y los resultados de los actuales esfuerzos para resolver el conflicto armado a través del diálogo, el Secretario General alienta “firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz”.
El Secretario General felicita al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos”, y hace un llamado a las partes “para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia”. Además, dice que la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. “Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, agrega.
El informe destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. “Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”. El Secretario General hace un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.
Sobre la Reforma Rural Integral, el informe celebra los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.
De acuerdo con el informe, la reincorporación de excombatientes avanza hacia acciones de largo plazo que requieren una cooperación sostenida entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y los excombatientes y sus representantes, con la participación activa de entidades gubernamentales y estatales a escala nacional, regional y local. Recuerda que sigue pendiente la aprobación de decretos claves para el proceso, como el que formaliza el Programa de Reincorporación Integral, el que establece el Sistema Nacional de Reincorporación y el que se relaciona con las áreas especiales de reincorporación colectiva.
Respecto a las garantías de seguridad para los firmantes de paz, el Secretario General lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.
Con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el informe reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. De igual manera, el informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).
El informe señala que las garantías de seguridad constituyen un objetivo central del Acuerdo y una condición imprescindible para superar las causas estructurales del conflicto. En este sentido, subraya que las mejoras sostenibles en esta materia dependen de la presencia integral del Estado y sus servicios en
todo el país. Agrega que la puesta en marcha de instrumentos clave como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y el programa integral de protección para excombatientes continúan estancados ante la falta de formalización de los decretos.
El informe destaca que la implementación del Capítulo Étnico sigue enfrentando retos y saluda el establecimiento por parte de la Vicepresidencia de mesas de alto nivel para promover el cumplimiento del Pacto para acelerar su implementación.
En cuanto a las provisiones de género del Acuerdo, el informe resalta la necesidad de incrementar los recursos de las entidades de Gobierno, con el fin de acelerar su implementación. Las provisiones de género relativas a la Reforma Rural Integral, Capítulo Étnico y participación política son algunas de las que
presentan menores avances.
Finalmente, el Secretario General resalta que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.
El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, el señor Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 9 de abril de 2024.***Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2024/267Descargue infografía sobre el Informe del Secretario General en cifras S/2024/267
Reconociendo la profunda interconexión entre la implementación del Acuerdo Final de Paz y los resultados de los actuales esfuerzos para resolver el conflicto armado a través del diálogo, el Secretario General alienta “firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz”.
El Secretario General felicita al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos”, y hace un llamado a las partes “para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia”. Además, dice que la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. “Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, agrega.
El informe destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. “Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”. El Secretario General hace un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.
Sobre la Reforma Rural Integral, el informe celebra los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.
De acuerdo con el informe, la reincorporación de excombatientes avanza hacia acciones de largo plazo que requieren una cooperación sostenida entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y los excombatientes y sus representantes, con la participación activa de entidades gubernamentales y estatales a escala nacional, regional y local. Recuerda que sigue pendiente la aprobación de decretos claves para el proceso, como el que formaliza el Programa de Reincorporación Integral, el que establece el Sistema Nacional de Reincorporación y el que se relaciona con las áreas especiales de reincorporación colectiva.
Respecto a las garantías de seguridad para los firmantes de paz, el Secretario General lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.
Con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el informe reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. De igual manera, el informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).
El informe señala que las garantías de seguridad constituyen un objetivo central del Acuerdo y una condición imprescindible para superar las causas estructurales del conflicto. En este sentido, subraya que las mejoras sostenibles en esta materia dependen de la presencia integral del Estado y sus servicios en
todo el país. Agrega que la puesta en marcha de instrumentos clave como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y el programa integral de protección para excombatientes continúan estancados ante la falta de formalización de los decretos.
El informe destaca que la implementación del Capítulo Étnico sigue enfrentando retos y saluda el establecimiento por parte de la Vicepresidencia de mesas de alto nivel para promover el cumplimiento del Pacto para acelerar su implementación.
En cuanto a las provisiones de género del Acuerdo, el informe resalta la necesidad de incrementar los recursos de las entidades de Gobierno, con el fin de acelerar su implementación. Las provisiones de género relativas a la Reforma Rural Integral, Capítulo Étnico y participación política son algunas de las que
presentan menores avances.
Finalmente, el Secretario General resalta que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.
El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, el señor Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 9 de abril de 2024.***Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2024/267Descargue infografía sobre el Informe del Secretario General en cifras S/2024/267
1 / 5
Comunicado de prensa
26 marzo 2024
Colombia: Experta de la ONU llama a implementar el Acuerdo de Paz como una política de Estado
GINEBRA/BOGOTÁ – La Experta Internacional de Derechos Humanos de la ONU Antonia Urrejola llamó hoy al Estado colombiano a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 como una política de Estado y asegurarse que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.En su informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Urrejola identifica los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Estos incluyen los que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia.El informe recoge avances en ciertos aspectos del Acuerdo, referentes a la reforma rural integral y la justicia transicional. Destaca, además, que el 80% de las personas firmantes del Acuerdo siguen comprometidas con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas.El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, señala el informe, haciendo hincapié en la necesidad de que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se implementen progresiva e independientemente de las coyunturas políticas, con énfasis en las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.El informe destaca que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana en lo pactado, pero que ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil al Acuerdo. Esto resultó en una implementación desigual y en ataques contra el sistema de justicia transicional.El informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de “Jesús Santrich”, ex integrante de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz.El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación.“La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes”.Además, el Estado debería revisar y adecuar los procedimientos legales para que los procesos de extradición de ciudadanos colombianos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz.La experta también llama a crear una instancia al más alto nivel gubernamental que tenga las facultades para liderar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional, y que cuente con los recursos financieros para hacerlo.La experta recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, con enfoque territorial y participativo, asegurando los recursos adecuados.“La desarticulación de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son ejes fundamentales en la consolidación de la paz”, dice el informe.La experta pide al Estado colombiano redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental.Lea el informe completo aquí. FIN Para más información y requerimientos de medios, por favor contactar:En Bogotá:Diana Losada: +57 3212841580 / diana.losadacastano@un.orgEn Ginebra:Marta Hurtado: +41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.orgPara solicitudes y más información sobre el mandato, contactar a Alicia Pons: alicia.pons@un.org
1 / 5
Comunicado de prensa
20 marzo 2024
ONU Derechos Humanos urge a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y al Estado a tomar medidas inmediatas de prevención y protección en Cauca
Estas decisiones tienen como objetivo “defender la vida” ante las agresiones perpetradas por parte de grupos armados no estatales, y consisten en realizar control territorial, administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas”, entre otras.La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera su condena a los ataques de los últimos días perpetrados por un grupo armado no estatal en contra del Pueblo Indígena Nasa, incluidos disparos indiscriminados en contra de la comunidad, el homicidio de la Mayora Carmelina Yule Pavi, heridas graves al comunero Rodrigo UI Musique, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, y el irrespeto a la autonomía y a los derechos colectivos del pueblo indígena.La Oficina recuerda que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En esta situación, en Cauca, su prioridad debe ser implementar estrategias y reforzar la capacidad de respuesta en materia de protección y prevención de vulneraciones en contra de los Pueblos Indígenas, y en este caso del Pueblo Nasa.En este contexto crítico, la Oficina hace un llamado al Estado a garantizar el funcionamiento de las estrategias para “defender la vida “, antes mencionadas. La Oficina insta a las autoridades del Estado a fortalecer los sistemas propios (de gobierno, justicia y económico-ambiental) de los Pueblos Indígenas mediante la implementación de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera, asesoría, acompañamiento técnico y adecuaciones institucionales.
Garantizar el funcionamiento de los sistemas propios de los Pueblos Indígenas es una obligación del Estado y también es una forma efectiva para fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad en los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.
La Oficina considera además positivo que el Gobierno adopte planes de contingencia concertados con autoridades indígenas, del CRIC y de ACIN, para prevenir y reaccionar ante mayores afectaciones y llama a las autoridades locales a sumarse en la implementación de estos planes.Es urgente avanzar con la implementación de la política de desmantelamiento en lugares estratégicos del país, como el Cauca, y para esto la Oficina recuerda la importante función de la justicia, en especial, de la Fiscalía General de la Nación, y la necesidad de reforzar la articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial.La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera la exigencia a los grupos armados no estatales a que, en todo tiempo y lugar, respeten los derechos humanos de la población y las normas del Derecho Internacional Humanitario.Finalmente, la Oficina ofrece su acompañamiento y asesoría técnica tanto a las autoridades del Estado colombiano como a los Pueblos Indígenas en sus esfuerzos de protección y garantía de los derechos humanos.Fin.…
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con:
Diana Losada +57 321 2841580 / diana.losadacastano@un.org
Etiquetar y compartir
Twitter ONUHumanRights
Facebook onuderechoshumanoscolombia
Instagram onuderechoshumanoscolombia
Página Web https://www.hchr.org.co/
Garantizar el funcionamiento de los sistemas propios de los Pueblos Indígenas es una obligación del Estado y también es una forma efectiva para fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad en los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.
La Oficina considera además positivo que el Gobierno adopte planes de contingencia concertados con autoridades indígenas, del CRIC y de ACIN, para prevenir y reaccionar ante mayores afectaciones y llama a las autoridades locales a sumarse en la implementación de estos planes.Es urgente avanzar con la implementación de la política de desmantelamiento en lugares estratégicos del país, como el Cauca, y para esto la Oficina recuerda la importante función de la justicia, en especial, de la Fiscalía General de la Nación, y la necesidad de reforzar la articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial.La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera la exigencia a los grupos armados no estatales a que, en todo tiempo y lugar, respeten los derechos humanos de la población y las normas del Derecho Internacional Humanitario.Finalmente, la Oficina ofrece su acompañamiento y asesoría técnica tanto a las autoridades del Estado colombiano como a los Pueblos Indígenas en sus esfuerzos de protección y garantía de los derechos humanos.Fin.…
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con:
Diana Losada +57 321 2841580 / diana.losadacastano@un.org
Etiquetar y compartir
Twitter ONUHumanRights
Facebook onuderechoshumanoscolombia
Instagram onuderechoshumanoscolombia
Página Web https://www.hchr.org.co/
1 / 5
Recursos más recientes
1 / 11
Recursos
14 diciembre 2023
Recursos
13 septiembre 2023
Recursos
08 septiembre 2023
1 / 11